La bomba la soltó la Embajada de Estados Unidos en México: el gobernador Rubén Rocha, así como otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa fueron acusados por el Departamento de Justicia por delitos de tráfico de drogas y armas a favor de Los Chapitos.

Toda la clase política y el ecosistema mediático del país, o los que pudieron, ya se pronunciaron al respecto del caso, al que unos califican de respuesta por el caso de los agentes de la CIA muertos en Chihuahua y otros como el Genaro García Luna de la 4T.  

Todos se pronunciaron salvo los 23 colegas del propio Rocha Moya, los cuales habrían recibido la petición en sus respectivos Palacios de Gobierno para firmar un desplegado en favor del "compañero morenista" que despacha en Culiacán.

Una práctica, la de firmar desplegados, que se inventó durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha servido para que los mandatarios estatales respalden públicamente las acciones del gobierno en turno y a los integrantes del gabinete presidencial, e incluso han aparecido los nombres de gobernadores de oposición.

De acuerdo con operadores de Palacio Nacional consultados por esta redacción con la grabadora apagada, esa petición a los gobernadores de la 4T fue una de las primeras acciones que se activó desde que se conoció la denuncia pública contra Rocha.

La FGR dice que no hay pruebas contra Rocha pero Morena ya le soltó la mano al gobernador

Según las mismas fuentes, lo increíble no fue la solicitud desde la CONAGO (la comisión que reúne a todos gobernadores del país) sino el gélido silencio de una tercera parte de los mandatarios quienes por obvias razones no quieren involucrarse en nada con Rocha Moya, a reserva de no volver a tramitar una visa americana.

Resalta el no pronunciado por el gobernador Ricardo Gallardo, el cual respondió que estaba impedido esta vez de respaldar a su amigo el sinaloense debido a la situación migratoria y los negocios de la cúpula de su partido en Texas. Tal parece que varios integrantes de las familias de la dirigencia del Partido Verde están evitando confrontarse con el gobierno de Donald Trump.

Al menos esa es la justificación que dio Gallardo Cardona. Otros operadores piensan mal: el rechazo del gobernador verde deriva de la competencia electoral en San Luis Potosí rumbo a 2027 donde las hermanas Rodríguez (Rosa Icela y Rita Ozalia) protagonizan el rompimiento con el Verde para que Morena se haga del estado, en detrimento de las aspiraciones de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador.

Mientras tanto, la dirigencia nacional de Morena emitió un comunicado en el que expresa su preocupación de que Estados Unidos solicite una extradición sin ningún elemento de prueba. "Vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación", advirtió el partido guinda.

Sin embargo, a modo de deslinde de Rocha Moya, no pasó desapercibido el respaldo "firme" a la actuación institucional del Gobierno de México, el cual -aseguró la dirigencia morenista- actúa "siempre en estricto apego al Estado de derecho" y confió en que las autoridades nacionales actuarán con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de la soberanía.