Las cámaras de comercio de EU y Canadá insisten con manifestar su inquietud por el avance del Plan C en el Congreso. La Cámara de Comercio Americana de México (Amcha,), respaldó las declaraciones del embajador Ken Salazar y consideraron que con la reforma crece la incertidumbre de inversiones en el país y se reduce la efectividad del sistema judicial.

"En toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido. Cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente prestar atención. Coincidimos con el Embajador Ken Salazar en la visión de una integración México-EE.UU. que transforme la región en un ejemplo de prosperidad económica", expresó la Cámara en un comunicado.

"Como empresas  en México y generando millones de empleos por décadas pasadas y futuras, vemos en la Reforma al Poder Judicial riesgos en su independencia, y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial y la generación de incertidumbre para la inversión", se añadió.

Por su parte, la Cámara de Comercio Canadiense (CanCham) demostró su disposición de dialogar con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ya que también creen que la reforma tiene un "impacto negativo" en la relación comercial entre ambos países.

"CanCham externa la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas de capital canadiense que engloba, sobre la iniciativa constitucional para reformar el Poder Judicial y la desaparición de diversos órganos autónomos. Las referidas reformas pueden tener implicaciones negativas sobre la certidumbre, transparencia y profesionalismo en el manejo de las materias que dichos entes tienen a su cargo", declaró en un comunicado.

"CanCham reitera su compromiso, impulsado desde hace más de 42 años, en la promoción del comercio e inversión entre México y Canadá... y reitera su más amplia disposición para establecer puentes de diálogo constructivo y propositivo con los actuales representantes y con los designados del Gobierno Federal entrante", agregó.

Mientras tanto, la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, señaló irregularidades en las condiciones en que se busca aprobar la reforma. Aseguró que ha habido amenazas e intervención por parte del poder Ejecutivo y Legislativo hacia diversos jueces.

"Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces. En el pasado he expresado mi preocupación por dichos ataques", externó la relatora.