Apenas unas horas después del proyecto que presentó Juan Luis González Alcántara Carrancá para declarar inconstitucional una parte de la reforma judicial de la 4T, este martes su par Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó la primera renuncia de los integrantes del máximo magistrado al asegurar que no se considera un candidato "adecuado" para competir en las elecciones de 2025.

"Me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular", manifestó el ministro en una carta dirigida al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

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De esta manera, comenzó a generar repercusiones internas el proyecto que presentó este lunes González Carrancá para declarar como inconstitucional la elección popular de los jueces y magistrados en todo el país, pero para permitir la elección popular de las sillas de la Corte Suprema y el Tribunal Electoral. Como detalló LPO, el mismo es analizado como una solución "salomónica" por parte de diferentes operadores judiciales, quienes ven con esta iniciativa una defensa del Poder Judicial y, a la vez, un guiño a la avanzada oficialista.

La renuncia de Ortiz Mena podría interpretarse en el mismo sentido. El ministro anunció que su salida se hará efectiva a partir del 31 de agosto de 2025 y manifestó que la misma no "implica una aceptación táctica de la constitucionalidad de la reforma". "Renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con el decoro mientras dure el encargo".

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La confirmación de su salida, que llega en momentos donde crecen los rumores de que otras siete figuras de la Corte podrían hacer lo mismo en las próximas horas, refuerzan las teorías que hablan de una "salida salomónica" propuesta por González Carrancá. Su proyecto promueve la permanencia de las oficinas medulares del Poder Judicial -como los jueces y magistrados de distritos-, pero acepta los cambios propuestos ante la Corte Suprema. Es decir, una victoria para la familia judicial y otra para la 4T.