Esta semana la consejera jurídica Luisa María Alcalde se echó a la prensa y los políticos de oposición, como pocas veces, en su contra. De acuerdo con el Gobierno Federal, se pondrá a consulta los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias y sanciones a quienes violen lo establecido en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Entre las audiencias se contemplan a concesionarios de radio y televisión, e incluso la autollamada Cuarta Transformación revisarán si tal regulación debe extenderse a plataformas digitales y a la prensa escrita. Para nadie es una sorpresa que las redes sociales, columnas de opinión y todo tipo de conductores bautizaron a la propuesta legislativa como Ley Censura. 

Lo anterior no le gustó a la Presidencia de la República, por lo que la propia presidenta Claudia Sheinbaum informó que se hará una consulta pública que se llevará a cabo del 27 de julio al 21 de agosto. "Para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos, desde quienes tienen una radio comunitaria hasta las grandes empresas o la ciudadanía en general", indicó Sheinbaum Pardo. 

Sin embargo, en medio de todo este asunto, con versiones sólidas en dos bandos perfectamente definidos, en la oposición recuerdan un nombre vinculado a la defensoría de las audiencias: Lenin Martell Gámez. Se trata de un funcionario federal titular de ese cargo dentro del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano.

Para quienes lo conocen, Martell no es más que un alfil de Jenaro Villamil, el amo y señor de SPR, el cual fue tristemente célebre en enero de este año cuando dio la cara como responsable de la no emisión de una entrevista al político conservador Eduardo Verástegui que realizó la periodista Sabina Berman para Canal 14 (cuya programación forma parte de SPR).

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Los argumentos que en ese momento dieron las autoridades federales a través de Martell fueron tan confusas que no hubo un acuerdo sobre si se hizo lo correcto simplemente se amplificó el mensaje xenófobo, sexista y religioso de Verástegui Córdoba. En lo que sí estuvieron de acuerdo los especialistas en comunicación fue en la censura previa.

Y es precisamente a este concepto al que acuden los integrantes de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República cuando esta redacción los consultó a cambio de reservar sus identidades. Censura previa: la legislación que prepara el Ejecutivo Federal y que va a poner a consulta promueve la censura previa.

De acuerdo con los legisladores federales, el antecedente de Verástegui sin una defensoría fuerte y punitiva como la que se promueve desde la Presidencia de la República prende las alertas para quienes ejercen su libertad de expresión y para quienes ejercen la libertad de prensa. Con un abogado a discreción, los Villamil de los medios privados tendrían un margen de acción muy grande.

Lo paradójico de la situación, cuya emergencia es vital para la existencia actual de los medios de comunicación en México, es que con un deseo enorme de protagonismo es Alcalde Luján quien se dedica a definir lo que es verdad y lo que es mentira en su programa Derecho de Réplica. De aprobarse la nueva legislación para los medios, ¿la Consejería Jurídica influiría en la percepción del buen o mal trabajo de los colegas como para decidir que una entrevista a un rival del régimen no debe transmitirse en los medios públicos?