El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha establecido la Comisión de Transición para la Reforma del Poder Judicial, un paso significativo hacia la implementación de cambios estructurales en el sistema judicial mexicano. La comisión fue formalmente instalada el pasado viernes 10 de enero y está compuesta por representantes de las principales instituciones judiciales del país.

La comisión está integrada por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández; la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso; y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez y Sergio Javier Molina Martínez.

En su sesión inaugural, la Ministra Presidenta Norma Piña asumió la presidencia de la comisión para el primer mes de operaciones, conforme al esquema de presidencia rotativa mensual acordado. Durante su gestión inicial, se espera que la comisión establezca las directrices para la transición hacia las nuevas estructuras contempladas en la reforma judicial, incluyendo la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al actual CJF.

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La comisión ha programado sesiones semanales los días miércoles en la sede del CJF, donde se abordarán temas clave para la reestructuración del PJF. Entre los objetivos principales se encuentran la organización de elecciones judiciales previstas para 2025, en las cuales se elegirán nuevos jueces y magistrados conforme a los lineamientos de la reforma.

La instalación de esta comisión se produce en un contexto de debate nacional sobre la reforma judicial, que incluye la elección popular de jueces y la creación de nuevas instituciones para supervisar la labor judicial, medidas que han generado opiniones divididas entre diversos sectores de la sociedad y la comunidad jurídica.

Con la instalación de esta comisión, el PJF busca no solo implementar la reforma judicial, sino también generar confianza en el sistema mediante un diálogo constante entre sus instituciones. Este esfuerzo tiene como fin último consolidar un sistema de justicia más inclusivo, eficiente y en sintonía con las necesidades colectivas.