Recientemente, salió a la luz pública una denuncia anónima en contra del ex Ministro y Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En esta denuncia, entre otras cosas, se detalla que muchos integrantes del Poder Judicial Federal decidieron voluntaria, coercitiva u obligatoriamente participar en diversas corruptelas, obteniendo grandes beneficios a cambio.

En dicha denuncia, está relacionada también la actual Magistrada integrante del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Angélica Ramírez Trejo.

Fuentes cercanas al caso sostienen que la Magistrada, egresada de la Universidad de Guadalajara, no ha vacilado en actuar parcialmente en muchos litigios, cómo lo ha hecho por ejemplo a favor las empresas Chevron y Servicios Sinaloenses, en un conflicto societario.

Las mismas fuentes sostienen que, a pesar de que ambas empresas referidas tenían la obligación legal de avisar a Pemex sobre cualquier transmisión accionaria, omitieron dar el referido aviso de manera deliberada, con la finalidad de no reconocer a los nuevos accionistas.

Es decir, la Magistrada Angélica Ramírez Trejo ha privilegiado a las empresas con base en sus propios incumplimientos, lo que, además de ser a todas luces ilegal, es un acto de corrupción descarada.

Se espera que la denuncia llegue a sus últimas consecuencias, pues si algo queda claro, es que la función judicial no puede ser depositada en servidores públicos cuya parcialidad y antecedentes de presunta corrupción, dejan en estado de indefensión a los ciudadanos y las empresas que invierten en México confiando en el estado de derecho y la certeza jurídica. Ya veremos cómo se resuelve.