La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador en uso de licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, empieza a tener repercusiones por fuera de Culiacán. Una de las figuras que comienza a sufrir el escándalo judicial es la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, quien cree que ser vocera del asunto durante las mañaneras todas las semanas le quita apoyos ciudadanos en su proyecto de competir por la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2030.

Como detalló LPO, una vez que abandonó la presidencia del partido guinda, Luisa María Alcalde decidió concentrar su equipo y esfuerzos políticos en la capital para competir por la Jefatura de Gobierno en el 2030. La cruzada no será fácil porque, a cuatro años de dichos comicios, aparecen importantes figuras como posibles candidatas: su sucesora en Morena, Ariadna Montiel; el secretario de Organización, Andy López Beltrán; el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch; y nombres cercanos a la actual mandataria, Clara Brugada.

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De todas maneras, Luisa María Alcalde buscará competir para alzar la mano y buscar ser la sucesora de Brugada. Sin embargo, la actualidad judicial de los diez acusados por Estados Unidos de mantener nexos con el Cártel de Sinaloa podría generar un nuevo problema en su futuro político. Según explican figuras cercanas a su equipo, la exposición y la defensa que debe hacer de ellos en las mañaneras que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum pueden mermar sus posibilidades electorales al acercarlas demasiado a nombres que, hoy en la actualidad, generan problemas para la 4T.

Además, las explicaciones jurídicas que debe desarrollar durante las conferencias de prensa le pueden generar tensiones bilaterales con la administración republicana de Donald Trump. En el oficialismo existe una máxima preocupación por lo que pueda suceder en los próximos días con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya sea contra las figuras que defienden a los diez funcionarios de Sinaloa o porque podrían llegar nuevas acusaciones contra otros nombres en cualquier momento.

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A raíz de esto, en la 4T hay resistencias para defender en público a Rubén Rocha Moya y el senador, Enrique Inzunza Cázarez, por los problemas que podría generar tanto en la opinión pública como en el vínculo con Washington. Sin embargo, Luisa María Alcalde es una de las figuras que más expuesta está a esta situación por ser la consejera jurídica de Claudia Sheinbaum y conocer los detalles de los procesos de extradición e investigación contra la administración sinaloense.

Además, en su equipo aseguran que el electorado de la Ciudad de México es uno de los más politizados del país donde este tipo de denuncias y escándalos no pasan desapercibido, lo que profundiza aún más las consecuencias negativas que podría tener su cruzada electoral para el 2030. Con este escenario, la expresidenta de Morena enfrenta una serie de desafíos para lograr su nuevo objetivo luego de haber acabado de manera anticipada su mandato partidario: competir por la Jefatura de Gobierno.