Este viernes el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral deben llegar hasta sus últimas consecuencias y permitir el deslinde de todas las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
Durante la comparecencia del Maestro Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, ante la Cámara de Diputados, el legislador fue enfático: "Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel", y señaló que su renuncia a la Presidencia del organismo electoral no debe significar el cierre de las investigaciones ni impedir que se determinen posibles responsabilidades.
La comparecencia ocurre después de que Taddei formalizara su renuncia ante la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre y en el contexto de diversas investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones realizadas en el organismo electoral.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena afirmó que la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y actuar de manera inmediata para determinar la existencia de posibles conductas delictivas. Asimismo, planteó que, en el marco de las investigaciones y con las determinaciones de las autoridades competentes, se aseguren los bienes y las cuentas relacionados con grupos y empresas proveedoras de materiales e insumos electorales que pudieran estar involucradas.
"El país necesita abrir un maxiproceso", sostuvo el diputado, al señalar que las investigaciones no deben limitarse a personas o acontecimientos recientes, sino revisar la forma en que se construyeron durante años las relaciones entre autoridades electorales, proveedores y contratistas. Por ello, consideró necesario que anteriores responsables de los órganos de fiscalización e interno de control aporten información que permita esclarecer completamente los hechos.
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Subrayó la necesidad de actuar con rigor, prontitud y contundencia, particularmente ante la cercanía de las elecciones de 2027, para las cuales restan 219 días. Consideró que la información presentada por el Órgano Interno de Control del INE durante la comparecencia, así como los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ofrecen elementos suficientes para profundizar las investigaciones y obligan a la Cámara de Diputados a intensificar las acciones contra la corrupción y la impunidad.
Ramírez Cuéllar vinculó además los acontecimientos recientes con la necesidad de revisar el marco constitucional de responsabilidades de las personas servidoras públicas, terminar con la vergüenza que representa el fuero y con la inoperatividad del juicio político. "Hay que arrancar el problema de raíz", afirmó.
"Debemos eliminar la inmunidad procesal penal que protege a determinados servidores públicos y fortalecer el juicio político, para evitar que interpretaciones jurisdiccionales o mecanismos procesales obstaculicen injustificadamente la sustanciación de estos procedimientos y la ejecución de las sanciones de destitución e inhabilitación correspondientes", sostuvo.
Finalmente, Ramírez Cuéllar subrayó que el esclarecimiento de estos hechos debe contribuir al fortalecimiento institucional del INE y de los organismos públicos locales electorales, particularmente de cara al proceso electoral de 2027.
"Necesitamos un Instituto Nacional Electoral fuerte, independiente y transparente. Defender al INE también significa investigar a fondo cualquier irregularidad, terminar con la impunidad y garantizar que los recursos públicos destinados a la organización de las elecciones se ejerzan con absoluta legalidad y transparencia", concluyó.
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