La semana pasada dos hechos se empalmaron dentro de la máxima casa de estudios. Por un lado, el rector Leonardo Lomelí encabezó la ceremonia de apertura de la celebración por los 80 años de la promulgación de la Ley Orgánica de la UNAM, con lo cual dio inicio a los trabajos para las reformas a la Universidad Nacional.

"La reforma de la institución busca transformar y robustecer estructuras académicas, institucionales y normativas, permitiéndonos enfrentar con éxito escenarios complejos del presente y del porvenir", dijo Lomelí Vanegas al tomar la palabra frente a la burocracia dorada de la UNAM. "Adaptarse y contribuir a comprender y resolver las problemáticas propias de estos tiempos".

Por otro lado, casi al mismo tiempo, estudiantes encapuchados de la Escuela Nacional Preparatoria 2 "Erasmo Castellanos Quinto" realizaron un bloqueo vial sobre Circuito Interior, entre Eje 4 y 6 Sur, a la altura de Canal de Tezontle, que se extendió por 12 horas bajo la exigencia de la instalación de un comedor subsidiado por el gobierno.

Pareció un columpio, unos arriba y otros abajo, otros arriba y los primeros abajo. Dentro de la Junta de Gobierno crece el desconcierto por el presupuesto asignado a la universidad para 2025. Tan raquítica la cifra que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, durante una mañanera en Palacio Nacional, reconoció el "error" al asignar poco más de 52 mil millones de pesos, cifra que recibió en 2024. No hubo siquiera un ajuste con respecto a la inflación.

El contraste es radical, sólo se confirmó 5 mil millones más a lo asignado por "error": se esperaba más de una presidenta que vivió y creció académicamente en la UNAM. Al menos así le reclamaron a Lomelí en la Junta de Gobierno. Pero todo indica que no hubo tal error y se trató del viejo truco de "si pasa, pasa".

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Lomelí llegó al cargo hace año y medio con los números rojos que le entregó Enrique Graue Wiechers. Ahora buscaba un aumento para la UNAM; un aumento para áreas como investigación, ciencia y tecnología, los rubros que presume la actual administración federal como prioridad, y que con López Obrador se atascaron en la oficina de María Elena Álvarez-Buylla, de triste memoria entre la comunidad científico y los investigadores profesionales.

Aun cuando Rosaura Ruiz es conciliadora, no deja de ser una excompetidora por la rectoría de la UNAM a la que al final le ganó ampliamente Leonardo Lomelí. Y es precisamente al Conahcyt, al que Sheinbaum Pardo elevó al grado de Secretaría de Estado, al que Lomelí responsabiliza del golpe presupuestario de la 4T a las universidades públicas.

En ese contexto, bajo la forma de un Consejo Asesor de la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, el rector busca que la transformación democrática -que llegará incluso al Poder Judicial este mismo año- no alcance a la logia en la que se ha convertido la administración de la Universidad Nacional, con tronos atornillados al suelo y vacas sagradas que no planean moverse de la silla acaso hasta morir. 

En particular, contener la exigencia cada vez mayor de la elección del titular de la Rectoría, hasta ahora como desde que se ganó la autonomía en 1929 a través del voto de solo 15 personas, en una institución pública que reúne a una comunidad compuesta por alrededor 400 mil personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores. Ese clamor popular será de nuevo traspapelado para mejor momento, como lo confirmó Lomelí a la secretaria general Patricia Dolores Dávila. Sin embargo, la presión de la comunidad universitaria se puede hacer sentir en cualquier momento, como lo que pasó la semana pasada en la Prepa 2.