El comienzo de la sesión de la Suprema Corte por el tratamiento del proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá comenzó con una buena noticia y un fuerte dilema para Morena. La novedad positiva es el salto de Alberto Pérez Dayán hacia el bloque oficialista, lo que dejó en jaque a los ministros que buscan limitar la reforma judicial. Sin embargo, el tratamiento judicial somete a una disyuntiva a los actores morenistas sobre el futuro constitucional del proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Como relató LPO, la sorpresiva ponencia de Pérez Dayán en contra del proyecto presentado por González Alcántara Carrancá generó un nuevo escenario en la Suprema Corte. Su decisión dejó en jaque a la oposición de Norma Piña, quien lidera los intentos por declarar como inconstitucional la reforma judicial. Su problema es que, ahora, sin el voto del ministro no contaría con la mayoría constitucional de ocho votos para limitar la iniciativa morenista por lo que busca reducir ese piso a seis votos.

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Con este contexto, el bloque obradorista enfrenta un dilema. Como la Corte ya no contaría con los ocho votos para acabar con la reforma, el tratamiento del proyecto de González Alcántara Carrancá podría finalizar de manera prematura sin que el máximo órgano judicial trate el fondo del proyecto. Esto sucedería ante la falta de votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma. El problema de finalizar el debate en este punto es que las partes afectadas por la reforma podrían apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el fondo de ésta no fue tratado a nivel nacional.

Asimismo, el oficialismo podría decidir avanzar con el tratamiento de fondo ante la certeza de que Norma Piña no cuenta con los ocho votos necesarios. El punto positivo de este camino sería que se obtendría una alta votación en favor de la procedencia del proyecto original de González Alcántara Carrancá. El dilema surge ante las improcedencias porque Piña no contaría con los ocho votos constitucionales, pero sí con los siete de la mayoría para apoyarlas.

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Si esto sucede, el oficialismo conseguiría validar gran parte de la reforma judicial y limitar el proyecto opositor. El problema es que los votos en favor de las invalidaciones serían mayoría, lo que permitiría que la reforma judicial avance con carácter de constitucionalidad, pero con la posibilidad de que las partes afectadas puedan avanzar con juicios de amparo porque la misma tuvo el voto mayoritario en contra de la Corte, pero no a nivel constitucional. Es decir, todavía habría una puerta abierta para que la reforma judicial sea impugnada.

De esta manera, el oficialismo se enfrenta a un dilema. Hasta el momento, sabe que el proyecto de González Alcántara Carrancá no procederá porque Pérez Dayán se bajó del grupo de los ocho que Norma Piña presumía tener. El problema es que la forma en que terminará el debate no cerrará la discusión del todo y el debate podría continuar tanto a nivel internacional como nacional.