Las quejas públicas contra la firma de Claudia Sheinbaum de un decreto de reforma en el que se establece que los trabajadores repartidores de plataformas digitales, como Didi Food, Uber Eats o Rappi, cuenten con seguridad social están despertando las sospechas en Palacio Nacional.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso esta redacción, en la sede del Poder Ejecutivo hay un informe con los nombres de los incitadores del descontento y las posibles razones, apuntando a banqueros agrupados en torno a Banorte de Carlos Hank González.

El financista mexiquense habría pedido a Juan Andrés Panamá, director general de DiDi México, y a Nicolás Sánchez Sepúlveda de Uber México que dirijan todos los esfuerzos necesarios para obstaculizar la operatividad de los cambios laborales de la 4T en esta materia. Al menos eso aseguró Andrés Lajous, actual director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

Lajous Loaeza no es la primera vez que se enfrenta a las poderosas plataformas digitales. Como titular de la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México, el ahora funcionario federal sacó a la luz el millonario pero discrecional fideicomiso creando en 2016 y del que sólo sabían Miguel Ángel Mancera, Hank González y las plataformas digitales.

Se trata de la aportación de 1.5% de cada viaje administrado por Banco Interacciones, filial de Grupo Financiero GFINTER que en 2018 se fusionó con Grupo Banorte. El secreto bancario mantuvo aquel fideicomiso en la opacidad hasta que Lajous, con el fin de gravar aquello, hizo públicos los fondos, causando la furia de los implicados.

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Esa es la explicación del extitular de Semovi para la oposición de las plataformas digitales a que los trabajadores sean beneficiarios de prestaciones de ley mínimas, como seguridad social. No es cuestión de quién deberá pagarlo (fondos hay y de sobra) sino que los banqueros que administran el dinero buscan que esas cuentas sigan seguras bajo el secreto bancario, y no estén en el ojo del SAT y la Secretaría de Hacienda.

La molestia de Hank con la actual administración federal aumentó luego de que el argentino Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, confirmó que buscará que su conglomerado de comercio electrónico tendrá mayor presencia en México. Galperin y Sheinbaum se entienden bien pese a estar en las antípodas de la política, ya es posible usar la plataforma de Mercado Pago para pagar servicios como la tarjeta integral de movilidad o el tag para casetas en la CDMX. 

Como lo reveló esta redacción, es un escenario complejo porque al Gobierno le interesa promover todo lo vinculado a servicios financieros digitales. El secretario Rogelio Ramírez de la O lo entiende como un primer paso para frenar la exclusión financiera, avanzar en la formalización de la economía y, finalmente, incrementar la recaudación. Una alianza con Galperin ha demostrado facilitar esos objetivos, aun cuando Banorte vea con mala entraña todo el asunto.