A la par del juicio que procede en Brooklyn, García Luna también es acusado por el gobierno mexicano por el robo a la nación de 746 mil millones de dólares que esta mañana de jueves el titular de la UIF, Pablo Gómez, puso en evidencia, además de acusar y criticar que magistrados ampararon a Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del ex secretario de Seguridad.

De acuerdo con lo expuesto en Palacio Nacional, el acusado usó una red de corrupción y lavado de dinero que tejió durante su tiempo como funcionario público y que, a decir de Gómez Álvarez, fue posible por una "cosa profunda que tiene que ver con el estado corrupto que construyeron los neoliberales en este país", asegurando que no debe tomarse a la ligera este entramado.

Se trata de un conglomerado que involucra a familias y empresas que operó en distintos países. La denuncia del gobierno plantea que "bajo el auspicio de García Luna este conglomerado obtuvo contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares", además, el titular de la UIF aseguró que se sigue el examen de otras operaciones, "no hemos terminado", aseguró.
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Detalló que "estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en el estado de Florida. El Gobierno de México, por medio de la UIF, identificó la red de corrupción, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos", subrayó.

Tal entramado se habría conformado por 44 empresas y otras personas mencionadas esta mañana como Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.