El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) volvió a tensar la relación entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la oposición. La administración encabezada por Claudia Sheinbaum rechazó las conclusiones del organismo internacional y cuestionó tanto la metodología como el alcance de los datos utilizados.

En su informe la ONU mencionó la cifra de 132.000 desaparecidos en México, muy similar a los datos del gobierno mexicano. El problema principal para el oficialismo es que el Comité contra la Desaparición Forzada (CEF) del organismo multilateral ha pedido a la Asamblea General discutir la situación.

Desde el Ejecutivo sostienen que el reporte se construyó con información limitada y desactualizada. En particular, remarcan que gran parte de los datos corresponden a los sexenios de Felipe Calderón (2006 - 2012) y Enrique Peña Nieto (2012 - 2018), y no reflejan las acciones implementadas en los últimos años. Además, criticaron que el análisis se haya concentrado únicamente en cuatro de los 32 estados del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.

Durante la conferencia matutina del lunes 6 de abril, Sheinbaum fue contundente: "La decisión del comité es parcial y sesgada". La presidenta también señaló que el informe "omite considerar los esfuerzos institucionales presentados por el gobierno el 27 de marzo" y lamentó que el organismo haya rechazado revisar información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de emitir su resolución.

En ese marco, la mandataria adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prepara un posicionamiento oficial. Sheinbaum, además, buscó fijar una postura de fondo: "El Estado nunca puede usar la desaparición como un mecanismo de control", subrayó.

La defensa del gobierno federal fue acompañada por autoridades locales. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldó la postura oficial y cuestionó la solidez técnica del informe. "Estos análisis nos preocupan y nos extrañan mucho. Hacemos un llamado a que no se politice este tema", declaró en conferencia de prensa. También destacó que, a su juicio, "como nunca antes se ha estado atendiendo el problema", con la implementación de nuevas leyes y mecanismos institucionales.

Cuartoscuro

Del otro lado, la oposición reaccionó y utilizó el informe como una nueva herramienta de crítica contra la administración oficialista. El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, aseguró en su cuenta de X que la relación entre México y la ONU en materia de desapariciones se ha deteriorado en los últimos años. "Para MORENA, la prioridad no es encontrar a los desaparecidos, sino cuidar su imagen. Han ignorado sistemáticamente las recomendaciones, prefiriendo la confrontación a dar respuestas a las miles de madres que buscan a sus hijos con sus propias manos", sostuvo.

En la misma línea, el senador del PAN, Marko Cortés, afirmó el pasado 3 de abril que México enfrenta una grave crisis en materia de desapariciones. A través de su cuenta de X, llamó al gobierno a "abrir una colaboración técnica real con la ONU, expertos independientes, sociedad civil y víctimas, para identificar las causas estructurales de esta tragedia y corregir los vacíos institucionales que la siguen permitiendo".

Más allá del cruce político, el eje de fondo permanece inalterado por la dimensión de la crisis. Según cifras oficiales, desde 2006 se han registrado más de 130 mil personas desaparecidas, un universo en el que el 33% de casos permanece sin avances sustantivos en su localización.