Al cumplirse 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y el titular de la unidad de investigación especializada, Mauricio Pazarán Álvarez, presentaron un nuevo informe de la investigación judicial. En conferencia de prensa, apuntaron contra la Verdad Histórica que intentó establecer el gobierno de Enrique Peña Nieto y señalaron nuevos indicios que apuntan a la existencia de una "red criminal" operada por Guerreros Unidos en coordinación con dos funerarias locales de Iguala.

En conferencia de prensa, Pazarán Álvarez brindó nueva información sobre una de las causas más sensibles de las últimas décadas. Según explicó, un reanálisis hecho por las partes involucradas sobre documentos, dictámenes judiciales, registros telefónicos y de videocámaras permitió avanzar en nuevas líneas de investigación. Entre ellas, por ejemplo, una pesquisa que apunta contra la posible participación de dos funerarias privadas en la posible desaparición de los estudiantes y de evidencia en la noche del 26 de septiembre. Otra de ellas señala a un "halcón" menor de edad, quien fue detenido en abril pasado y que colabora con la investigación.

Las declaraciones de este lunes permitieron profundizar la línea que apunta contra las funerarias El Ángel y Funerales Rueda, pertenecientes a la familia Rueda Mazón.

Las declaraciones de este lunes permitieron profundizar la línea que apunta contra las funerarias El Ángel y Funerales Rueda, pertenecientes a la familia Rueda Mazón; que, a su vez, contaba con la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. Según el fiscal, el estudio de los registros telefónicos de aquella noche del 2014 permitió determinar que el dueño de las funerarias, Rodolfo "N", mantuvo comunicación con integrantes de Guerreros Unidos, el grupo criminal señalado por la desaparición de los estudiantes. Asimismo, se determinó que el 4 de octubre del 2014 utilizó el celular de Julio César Mondragón Fuentes, uno de los jóvenes desaparecidos. A raíz de estos indicios, en octubre de 2025 se realizó un cateo sobre dichas propiedades y un segundo allanamiento el 26 de marzo de este año.

En los mismos, según detalló, se hallaron "irregularidades relevantes", como un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, planillas de defunción alteradas, un horno clandestino, huesos sin rotular y guardados en espacios erróneos, como cajones o bolsas de residuos, y "restos óseos enterrados en la parte trasera del Semefo". A esto se sumaron las declaraciones de tres testigos colaboradores, quienes sostuvieron que "algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias con el propósito de eliminar evidencia", por lo que las autoridades judiciales aseguraron que "se fortalece la hipótesis de una red criminal que operaba a través de las funerarias y el Semefo de Iguala operado por Guerreros Unidos".

Este sábado se llevó a cabo una nueva movilización para exigir justicia a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Cuartoscuro.

Otra línea de investigación que detallaron las autoridades apunta a la presencia de al menos un grupo de los 43 estudiantes en las celdas de la Policía de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014. Esto se habría revelado por el uso del teléfono celular de Israel Caballero Sánchez por parte de la esposa de un exfuncionario municipal que aquella noche fue adscrito a las barandillas de las fuerzas de seguridad locales. Esto contradice declaraciones de acusados involucrados, quienes aseguraron que ningún estudiante ingresó a las unidades de la Policía y confirma la presencia de uniformados en la desaparición de los jóvenes.

La tercera línea anunciada esta tarde apunta al trabajo hecho por un joven, que en aquel momento tenía 14 años y que fungía como "halcón" de Guerreros Unidos, que habría tenido "una participación directa en los hechos". Según el fiscal especializado, su rol ya fue relevado por pesquisas anteriores, pero recién ahora se profundizó su participación, lo que permitió su detención en abril de este año y su subsiguiente disposición a colaborar con las autoridades. "En julio brindó información relevante que permite robustecer la participación de Guerreros Unidos en la desaparición y, sobre todo, proporcionó puntos de interés para la búsqueda de indicios", declaró Pazarán Álvarez.

El compromiso es claro: encontrar a los jóvenes, conocer la verdad sobre lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Asimismo, las autoridades informaron que el gobierno federal busca avanzar con las extradiciones de las personas involucradas en la causa que lograron huir hacia otros países. Entre ellos, por ejemplo, el alcalde de Iguala en aquel momento, José Ulises "N"; el exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Abraham "N"; el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás "N", por quien Claudia Sheinbaum demandó la intervención del presidente de Israel, Isaac Herzog.

"Es una herida abierta para sus familias y el pueblo de México. El compromiso es claro: encontrar a los jóvenes, conocer la verdad sobre lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables", remarcó Arturo Medina, quien comanda los trabajos de la administración de Claudia Sheinbaum para determinar los hechos de aquella noche del 24 de septiembre de 2026 en coordinación con la Fiscalía General de la República alrededor de uno de los casos más sensibles e importantes de las últimas décadas.