El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se elimine la prisión preventiva, proyecto que se prevé sea discutido en estos días. Para la 4T esta medida no solo es necesaria, sino que su eliminación implicaría ciertos riesgos.

Tal como ya adelantaba el López Obrador en su conferencia de esta mañana, la postura es que este proyecto tiene "en esencia la corrupción y la impunidad", y se lanzaron a la defensa de esta medida cautelar.

La resolución de la Corte estará enfocada a dos asuntos referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el artículo 19 constitucional desde el año 2008: un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.

AMLO dice que la iniciativa de la Corte para acotar la prisión preventiva "solo busca la impunidad"

En un comunicado difundido esta tarde, el gobierno señala: "Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental".

Consideraron también que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, "generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura".

Además, en su defensa afirmó que la existencia de esta medida es "fundamental" en ciertos delitos, pues "asegura que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas".

Además, agregó: "Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad".