El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ha abierto 1,370 procedimientos por quejas y denuncias, el mayor número en la historia del organismo, la mayoría por inconformidades de la militancia contra decisiones de sus partidos, especialmente para postulación de candidatos.

Según datos oficiales, en 2023 hubo un incremento de 531% de este tipo de asuntos, comparado con 2017, también año previo a la elección presidencial, mientras en 2024 la subida es de 115% respecto a 2018.

Quien destaca en las quejas es el presidente Andrés Manuel López Obrador; desde septiembre pasado, las mañaneras están involucradas en 86 investigaciones o procedimientos. En específico el instituto ha recibido 52 quejas, las cuales se tramitaron en 31 procedimientos y hubo 40 peticiones para bajar materiales de los dichos del jefe del Ejecutivo; de esas solicitudes, el INE aceptó 18, la mayoría con criterios ratificados por el Trife.

Incluso en los días de veda electoral, el INE había recibido hasta la tarde de ayer 17 quejas, y abrió dos procedimientos de oficio, uno contra el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, y otro contra el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez.

La principal ventanilla del árbitro es la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTCE), responsable de investigar, integrar los expedientes y enviarlos para su resolución de fondo al TEPJF.

En los casi nueve meses de proceso electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que trabaja en sincronía con la UTCE, había abierto 222 solicitudes de medidas cautelares, precisamente relacionadas con los 1,370 procedimientos especiales sancionadores (PES), figura creada a la par de la creación del INE.

La estadística muestra que hace una década, en 2014, el INE abrió apenas 90 PES y en los años subsecuentes este indicador fue creciendo. Para 2018 fueron 454 procedimientos y en 2021 sumaron 390.

A nivel de medios de impugnación en el Trife, hay también un récord durante el proceso electoral, pues ya van 1,616 trámites, de los cuales el 39% fueron juicios para la protección de los derechos del ciudadano, 32% son peticiones de revisión y 20% apelaciones.