Es uno de los momentos más tensos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó cientos de amparos de empleados estatales que buscaban cambiar su régimen de pensión. La decisión hubiera complicado las finanzas públicas, por lo que se interpreta como un gesto de armonía. 

Han sido cientos los amparos que trabajadores estatales han interpuesto tras modificarse el sistema de pensiones en 2007, es decir, se pasó de un régimen de pensiones de beneficios definidos a otro de cuentas individuales administradas por las Afores. Con este recurso, buscaban la posibilidad de poder intercambiar el régimen.

Pero la Corte determinó que se trata de dos regímenes incompatibles, pues la jubilación tradicional tiene una fuente de financiamiento distinta, por lo que consideró "inviable que los trabajadores al servicio del Estado puedan modificar la elección o asignación del régimen pensionario, fuera de los plazos establecidos por el legislador en el artículo séptimo transitorio", según dice la sentencia.

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Para el académico de la UNAM, Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, esta decisión se interpreta como "un mensaje de armonía", pues beneficia al gobierno federal, que hubiera enfrentado fuertes presiones de haberse concedido dichos amparos. "Es claramente una señal de extender la mano al poder ejecutivo", dijo.

 Vale señalar que para el gobierno, el pago de pensiones representa una fuerte carga fiscal. En 2024, el Congreso aprobó un presupuesto de 1.99 billones de pesos para pagar pensiones contributivas y no contributivas, que representa el 27.3% de los ingresos totales del gobierno, el 22% del gasto neto total y el 5.8% del PIB, de acuerdo con datos del CIEP.

Esta lectura se desprende de que, para el especialista en Derecho, la resolución no fue estrictamente jurídica y destacó que la Corte ponderó más la imposibilidad para las finanzas públicas de cumplir ante nuevos requerimientos en materia de pensiones.

El descontento de los trabajadores con esta reforma no es nuevo, pues desde que se estableció hubo quejas. El problema, explicó a LPO la experta de la UNAM, Berenice Ramírez López, es que en su momento hubo mucha confusión respecto a los alcances de esta reforma y, según explica, solo el 14% de los trabajadores afectados pudo elegir.

Además, recordó que cuando se lanzó esta reforma, los trabajadores tuvieron seis meses para elegir si mantenerse en el régimen anterior o mudarse a las Afores, pero además, en el séptimo transitorio se establecía que la decisión debía hacerse por escrito, de lo contrario, se pasaba de manera automática al nuevo régimen. Pocos entendieron esta norma.

La medida resultó perjudicial para trabajadores, pues, como ya se advertían en ese momento especialistas como la propia Ramírez López, con este nuevo sistema el monto de pensión con relación al último salario sería solo del 40%.

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Durante el sexenio de López Obrador se han realizado dos reformas en la materia con el fin de compensar este tipo de problemáticas: en 2020 se hicieron algunas adecuaciones al sistema de pensiones privado, que incluye mayores aportaciones, la pensión mínima garantizada, reducción en las semanas de cotización, entre otros. 

Y recientemente también se creó un fondo que busca compensar este diferencial (mismo que busca ser revertido por los partidos de oposición), en el margen de duras críticas del presidente a la reforma de Ernesto Zedillo, sin embargo, este gobierno no ha planteado la desaparición o el cambio de régimen con las Afores.