El secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch se encuentra en un laberinto desde ayer miércoles, cuando una fiscalía de Nueva York acusó al gobernador Ruben Rocha de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Principal enlace del gabinete de Claudia Sheinbaum con Washington, García Harfuch tiene la misma encrucijada que la presidenta, colaborar con Estados Unidos o defender a un aliado de Andrés Manuel López Obrador. En el caso del secretario con un grado adicional de complejidad: García Harfuch tiene un proyecto presidencial hacia 2030.

En el terreno operativo de las detenciones, las persecuciones, las extradiciones y la recopilación de información, García Harfuch es un aliado inmejorable para Estados Unidos pero el estallido de este miércoles encierra otra complejidad porque tiene un elemento político inevitable.

La administración Trump, además, es implacable: quienes no colaboran en la captura de sus objetivos se vuelven, a gran velocidad, en obstructores a la maquinaria judicial del país vecino. El fantasma de Genaro García Luna alimenta las proyecciones más inquietantes.

El secretario tiene pocos argumentos para eludir esta prueba de ácido: controla la FGR, el CNI, la UIF y está en vísperas de lanzar una nueva fuerza policial conformada por civiles.

García Harfuch conoce lo que ya se sabe ampliamente en Palacio Nacional: las pruebas que se presentarán contra Rocha serán fulminantes, se habla incluso de material fotográfico y fílmico, de registros bancarios de familiares del gobernador, propiedades y, por si fuera poco, un testimonio explosivo referido a la muerte de Héctor Melesio Cuen. Decir que no hay pruebas contundentes es una salida política que no resuelve el fondo de este drama.

Un empresario que habla con la presidenta lo resumía anoche sin demasiados eufemismos: el Gobierno necesita un abogado de alto vuelo y lo necesita con urgencia para contrarrestar a la fiscalía de Nueva York desde el plano jurídico. El fiscal Ulises Lara y sus pergaminos profesionales de vidriosa procedencia no serían, para este momento, la salida más atinada.

El escenario es diáfano: la Casa Blanca le da la oportunidad a Sheinbaum de entregar a Rocha. Si esto se demora, gana fuerza la posibilidad más temida: que Washington opere de modo unilateral el arresto. Un eco de esa madrugada de sangre y fuego de Caracas, el pasado enero.

García Harfuch fue, la semana pasada, de los primeros funcionarios del gabinete que entendieron la magnitud del vendaval que estaba en ciernes.

El principio no fue, como afirma este jueves la prensa oficialista, las tribulaciones legislativas de la gobernadora Maru Campos, sino, que en el viaje del embajador Ronald Johnson a Sinaloa hubo una manifestación de activistas contras el diplomático. Reclamaban por daños ambientales a una inversión que él se disponía a inaugurar.

Johnson se retiró crispado de Sinaloa y el diplomático dio paso a su faceta más auténtica: la del exagente de la CIA. En un movimiento que en el gabinete no pasó desapercibido, después de Sinaloa fue que comenzaron los artículos en la prensa estadounidense sobre quita de visados, posibles capturas y, el más urticante, el del The Wall Street Journal, que reveló una realidad angustiante y tensa en la cotidianidad presidencial. Un ataque en el plano de la percepción como anticipo a la primera estocada judicial.

Por estas horas no son pocos en el Gobierno los que extrañan al risueño, casi simpático Ken Salazar, el embajador de Joe Biden. Salazar se paseaba de modo recurrente por Palacio Nacional y la prensa llegó a especular con que hasta tenía una oficina en el histórico edificio para estar cerca de López Obrador.

Johnson, en cambio, casi no va a Palacio. Las reuniones se hacen en la embajada estadounidense, donde los funcionarios acuden sin mayor dilación. Allí no hay fotos y el registro dominante es el de la discreción. Una predilección por el plano de lo secreto que ahora encierra, para el Gobierno de Sheinbaum, la suma de todos los miedos.