En el comienzo de esta semana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lideró dos acciones de importante relevancia. La primera, la incautación de 10 millones de litros de diésel y, la segunda, el lanzamiento de una nueva fuerza policial que tendrá facultades investigativas. El problema, reconocen en el gobierno, es la actualidad económica del país que genera tensiones con la Sedena por el control de los recursos federales.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum el hombre fuerte de la estrategia de seguridad es García Harfuch. A diferencia de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional perdieron notoriedad pública, influencia y recursos económicos. Es por esto que crecen las tensiones con García Harfuch, el único hombre que tenía un puesto asegurado en el gabinete federal una vez terminadas las elecciones de 2024.

Estas tensiones se profundizaron ante la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos por dos motivos. El primero, sus demandas para que México ataque y controle al crimen organizado, lo que ha aumentado el protagonismo de García Harfuch. El segundo, sus amenazas económicas, lo que somete al país a una posible recesión ante la posible llegada de nuevos aranceles. Esto hace que la administración federal se vuelva más celosa de los recursos económicos, los cuales se disputan, en parte, la SSP y la Sedena.

Esto volvió a quedar en evidencia este lunes, cuando García Harfuch lanzó la convocatoria ciudadana para formar Agentes de Investigación e Inteligencia, quienes ingresarán a una nueva fuerza de la SSP recientemente habilitada por las nuevas leyes de seguridad aprobadas por el Congreso. Además, la Secretaría trabaja en la formación de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO), revelada por Milenio, que realizará funciones en el territorio.

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De esta manera, Harfuch aspira a formar a casi 15 mil agentes para las nuevas oficinas de su dependencia. El problema son los recursos económicos que están en disputa con la Sedena. Según pudo saber LPO, la SSC espera que una parte de esos agentes provengan de las Fuerzas Armadas, pero los militares adelantan que estarían dispuestos a brindar esa ayuda siempre y cuando logren enlistar al mismo número de personas que abandonen sus filas. Es decir, que los recursos sean para las FFAA y no para la seguridad civil.

Estas diferencias son parte de las disputas que existen entre los militares y la propia Claudia Sheinbaum. El principal problema, reconocen diversas fuentes, son los aumentos de salarios anunciados por la presidenta que todavía no se efectivizaron, lo que genera nerviosismo entre las FFAA. Además, la nueva estrategia de seguridad genera un aumento de la exposición a situaciones de riesgo, lo que tampoco genera simpatías entre los mandos castrenses.