Al terminar la 16 reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos en el palacio legislativo de San Lázaro, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas admitió que el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y posterior asesianto de dos de ellos fue una ejecución.

Pero adelantó que la cartera a su cargo no emitirá un posicionamiento hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no haga pública la investigación que le fue encargada.

"Tenemos que esperar a la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados".

"Esperemos a que venga la conclusión de la investigación de la CNDH para dar cuenta de qué pasó, pero evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento", señaló el subsecretario.

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Refirió que las investigaciones deben escalar a las alturas necesarias para esclarecer el caso, aún cuando se trate de una investigación a militares: "Por supuesto que la investigación debe de abordar la responsabilidad de la cadena de mando en este operativo, no solamente el actuar de los elementos de las fuerzas armadas".

Los dichos de Encinas se dieron en el marco de la discusión de la Ley General de Memoria en la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados en la que pidió que no se vuelva un mandamiento meramente burocrático.

"Se trata de generar una Ley puntual, completa, clara, sin muchas normas, ni vericuetos burocráticos, ni legislativos. Creemos que lo más importante es establecer las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio de este derecho", complementó.