Una bomba, a destiempo. El viernes de la semana pasada El País, el diario español que para muchos es el medio favorito de Claudia Sheinbaum, aseguró que Presidencia prepara "una reforma de gran calado" a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los estados.

"El cambio cualitativo significa un regreso a la época en que el presidente o gobernador de turno designaba directamente a su fiscal, antes llamado procurador. Esa facultad discrecional también le permitía relevarlo de sus funciones, como a cualquier otro secretario de Gobierno bajo su autoridad", se lee en la nota firmada por Zedryk Raziel.

Para este lunes la propia Sheinbaum Pardo detuvo las especulaciones sin negar su intención de modificar la autonomía de la FGR y las fiscalías estatales, luego de ser cuestionada en la conferencia mañanera. "Hay que pasar la reforma al Poder Judicial, y en un tiempo, si es necesario, discutir qué necesitamos hacer en las fiscalías, pero por el momento no está planteada ninguna reforma", respondió la presidenta.

Esta redacción consultó en Palacio Nacional sobre el tema y, como era de esperarse, en el entorno de la presidenta aseguran que el fiscal Alejandro Gertz Manero habría filtrado la información complicado por las nuevas extradiciones de capos mexicanos del narcotráfico hacia Estados Unidos después de la entrega de 29 narcos en febrero pasado.

En aquella ocasión quedó en evidencia que la legislación actual entrampó las extradiciones de muchos de ellos, y que la voluntad política del Gobierno de México, ante la amenaza de nuevos aranceles a los productos del país por parte de la Casa Blanca, desbloqueó y en algunos caso, omitió la acción de la justicia mexicana en contra de los capos del narco.

El impactante momento en el que Harfuch avisa a Sheinbaum de la ejecución de los asesores

Al menos más de la mitad de los 29 tenían vigentes suspensiones de extradición o juicios de amparo para evitar ser enviados a Estados Unidos. Gertz justificó durante una mañanera ante la polémica reportera Reyna Haydee que tanto el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional así como el artículo 80 de la Constitución facilitaron los trámites del traslado. 

Lo cierto, afirman las fuentes de Palacio, es que el titular de la FGR sabe que ante la promesa de enviar a más capos a Estados Unidos como prometió Claudia Sheinbaum a Donald Trump la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional podrían no ser suficientes, pues alguno de los abogados de la defensa de los capos ya habla de acudir a la Corte Penal Internacional, en busca no de liberar a sus clientes sino de imputar responsabilidades contra las autoridades mexicanas que obviaron el procedimiento o violaron amparos.

En esas coordenadas, el fiscal Gertz Manero hace su aportación a la discusión sobre el problema de la impartición de justicia en el país, donde -en su mayoría desde la oposición- se ha insistido sobre el origen de la impunidad: el trabajo de los Ministerios Públicos (la integración de carpetas, la profesionalización de la policía, el respeto a los protocolos de derechos humanos e investigación criminal), los cuales pertenecen al organigrama de la Fiscalía General de la República. Esa discusión ya la abrió el titular de la FGR entregando a la prensa la información que le importa.