Como había sido ampliamente anunciado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez del triunfo del morenista Américo Villarreal como gobernador electo de Tamaulipas, tal y como se establecía en el proyecto de sentencia SUP-JRC-101/2022 elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdez y respaldado por los siete magistrados de la Sala Superior. 

"PRIMERO. Se modifica la sentencia controvertida, para quedar en los términos de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Se confirma el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría, expedida a favor de Américo Villareal", leyó el secretario técnico del Tribunal Electoral sobre el resolutivo de la Sesión Pública Extraordinaria que se convocó a las 5 pm.

Con esta sentencia, los siete magistrados del TEPJF (Mónica Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Janine M. Otálora Malassis, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez) desecharon la impugnación promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) que buscaba la nulidad de la elección en el estado y rechazaba el triunfo de Morena y Américo Villarreal.

Villarreal ahora dice que no vuelve al Senado y el PAN denuncia una nueva causal para impugnar la elección

El ponente defendió un segundo proyecto de sentencia en el que añadió un estudio sobre la propuesta que se hizo pública el pasado lunes de la reincorporación de Américo Villarreal a su escaño al Senado de la República presuntamente para evitar una orden de aprehensión promovida por el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien a su vez buscaría evitar la toma de protesta programada para este sábado 1 de octubre.

El magistrado Vargas dio respuesta a las pruebas supervinientes presentadas por el PAN. Con respecto a las restricciones previstas en la Constitución Federal y en la Constitución de Tamaulipas que obligan a los servidores públicos y legisladores en funciones a separarse del cargo o escaño 120 días antes de la jornada electoral, dijo tienen como propósito evitar el uso de recursos públicos antes del día de los comicios, no después.

En cuanto a la participación de funcionarios públicos federales y municipales en los actos de campaña del candidato morenista, en particular en el caso de los Servidores de la Nación, el magistrado Felipe Fuentes hizo hincapié en que "sus conductas ilegales no tienen cabida en un sistema democrático", pero descartaron que se acreditara un nexo causal con otras irregularidades, aun cuando propuso la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por su parte, Janine Otálora enfatizó la falta de probidad para resolver actos de impugnación del tribunal local por la forma en que dejó de admitir ciertos elementos probatorios e incurrir en omisiones que llevarán a que se estudie, de manera particular, el actuar del tribunal tamaulipeco.