Es muy adversa la aritmética legislativa para el Gobierno en la discusión sobre la reforma electoral que vuelve a situarse ahora en San Lázaro. El PRI volvió a insistir hoy martes en que  no acompañará la reforma mientras que el Verde, que es un aliado del oficialismo, condiciona su apoyo a la aprobación de otra ley, una que  permite a las entidades financieras cobrar las deudas contraídas por los trabajadores directamente de sus salarios, una reforma a la ley actual que Andrés Manuel López Obrador entiende como ilegal y abusiva y que podría vetar. 

El Verde nunca deja de soprender, fundamentalmente porque las cuestiones ambientales aparecen rara vez en su mensaje o programa. Ahora presiona con una norma que favorece fundamentalmente a Banco Azteca y BanCoppel, dos entidades que viven de créditos a tasas semi usureras y que afectan al sector más vulnerable de la población. 

El planteo lo lleva adelante el diputado federal del Partido Verde, Carlos Puente, que fue empleado de Ricardo Salinas Pliego y que es cercano a su hija Ninfa Salinas. El argumento de Puente es que la reforma sirve para evitar altos porcentajes de carteras vencidas y que a la larga pueden dañar el sistema bancario bancario.

Puente, debe decirse, encaja a la perfección con la fisonomía de los principales cuadros de su partido, como Jorge Emilio González Martínez o Manuel Velasco: comportamientos estrafalarios, patrimonios sumamente objetados y, desde ya, un comportamiento social cuanto menos colorido.

Este movimiento de Salinas Pliego marca, debe decirse, un cambio de ánimo para con el Gobierno, especialmente desde que el SAT le perdono parte de su deuda astronómica. El dueño de Banco Azteca cree estar en condiciones de conseguir nuevas posiciones y beneficios de la 4T, como esta norma a medida de su entidad financiera o la más reciente ambición de conseguir que el hijo de un empleado de su confianza sea encumbrado en Banxico.