La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, confirmó este jueves que la Justicia ya concedió seis órdenes de aprehensión de las ocho emitidas contra las personas presuntamente responsables de la tragedia en un centro migratorio de Ciudad Juárez. Además, informó que el Palacio Nacional inició un proceso administrativo para revocar el contrato de la empresa encargada de la seguridad del lugar, identificada como Grupo de Seguridad Camsa.

La fiscal especializada en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, notificó que cinco de las seis órdenes concedidas ya fueron ejecutadas y que dichas personas ya se encuentran a disposición de la Justicia y que este jueves, además, se llevarán a cabo las audiencias de imputación y vinculación. La funcionaria no brindó detalles ya que, aseguró, las investigaciones se están desarrollando y la administración federal no busca intervenir en dicho proceso.

No vamos a ocultar nada y no vamos a proteger a nadie. No habrá impunidad para los responsables.

"Tengan la certeza de que no habrá impunidad y que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia", aseguró Rosa Icela Rodríguez, la mujer designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo la investigación a raíz del pase de facturas y críticas mutuas entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y el Canciller, Marcelo Ebrard, para determinar sobre quién recae las responsabilidades de las 39 muertes.

"No vamos a ocultar nada y no vamos a proteger a nadie. No habrá impunidad para los responsables. Nuestro gobierno defiende los derechos humanos", reiteró la secretaria, quien sostuvo que la investigación llegará hasta las últimas consecuencias. "Hasta donde tope", ejemplificó.

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Además, la funcionaria federal confirmó que la empresa encargada de la seguridad del centro de migración es el Grupo de Seguridad Camsa, cuyos socios principales fueron identificados como David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet. A raíz de este caso, el Gobierno abrió un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa al mismo tiempo que se le rescindirá el contrato vigente hasta el momento. "No volverá a brindar servicios", profundizó Rodríguez.

En este sentido, adelantó que en las próximas horas el Servicio de Protección Federal se hará a cargo de la seguridad del centro migratorio a partir del trabajo de sus propios elementos y agentes. Según detalló, el servicio contará con 48 elementos de seguridad.

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Por otro lado, la representante del Gobierno desmintió que la empresa encargada del lugar sea una sociedad privada vinculada a un diplomático de un país centroamericano, como circuló en diferentes medios de comunicación este jueves. "No tenemos conocimiento de otra empresa", afirmó y reiteró que el Grupo Camsa estaba a cargo de esta tarea.