El gobierno mexicano rechazó el rompimiento diplomático que declaró su contraparte peruana, en protesta por la decisión de México de ofrecer asilo a la exministra Betssy Chávez, durante la gestión de Pedro Castillo.

Durante la conferencia mañanera de este martes, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte defendió el derecho y tradición de asilo que ha tenido históricamente México. Aseguró que el gobierno actuó "de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional", dijo.

El funcionario también señaló que el artículo 4 de la Convención de Caracas establece que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. "Es decir, México tiene la facultad de determinar si se trata de un caso de persecución política", dijo.

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Por su parte, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, defendió también en la conferencia que el asilo político "es un derecho humano" y un símbolo de la vocación humanista de México.

"Nuestro país ha protegido a miles de personas perseguidas a lo largo de su historia, desde los refugiados españoles salvados por Lázaro Cárdenas hasta quienes huyeron de las dictaduras en Sudamérica. El asilo es una de nuestras instituciones más nobles", agregó.

El director general para América del Sur, Pablo Monroy Conesa, explicó, por su parte, que México "no ha intervenido ni intervendrá en los asuntos internos del Perú" y agregó que tampoco ha declarado persona non grata a ningún representante peruano, ni ha roto relaciones consulares. "Mantenemos una posición de principio, guiada por el respeto y el profundo cariño al pueblo de Perú", aseguró.