Claudia Sheinbaum anunció que busca dar celeridad a las reformas en materia de desaparición forzada, sin embargo, su aplicación será complicada, en particular por la intención de  solicitar datos biométricos de privados, la cual es una preocupación en el sector bancario.

Los bancos utilizan datos biométricos para generar los usuarios de las aplicaciones en los teléfonos celulares. A lo largo de los años han invertido millones de pesos para que esos datos no estén expuestos yasí resguardar la información personal de sus clientes. El proyecto de ley de Desaparecidos, impulsado a partir del hallazgo del rancho de Teuchitlán, implica, en parte, desandar ese camino y facilitar información al Estado.

De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desapariciones, los privados deberán permitir su acceso inmediato a todas las autoridades de seguridad y procuración de justicia, de lo contrario, recibirán multas que van de 10 a 20 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

"Se obliga a aquellos particulares que, por la naturaleza de sus actividades económicas, generen o posean bases de datos, registros o información que, por disposición de este ordenamiento, se encuentren obligadas a permitir su acceso", señala el documento.

Por ejemplo, en el artículo se hace mención que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá permitir de manera inmediata a las autoridades el acceso de datos como la firma, huellas dactilares, fotografías, domicilio, y cualquier información que ayude a identificar a una persona desaparecida.

En el caso de los bancos, la medida se complica por el llamado secreto bancario, es decir, obligación que tienen las instituciones financieras de no revelar a terceros la información de sus clientes, el llamado secreto bancario.

Ignacio Martínez Cortés, experto de la UNAM, señala que para que el sector bancario pueda ofrecer dicha información aún serán necesario una serie de reformas extras para el sector financiero.

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El especialista consideró, además, que uno de los primeros pasos que se requiere es reforzar el sistema judicial para poder dar toda esta información y en segundo ámbito seria reformar el sistema financiero que permita que la autoridad tenga acceso a dicha información, así como establecer con claridad las autoridades que deberán intervenir, en este caso, considera que la UIF debería tener un papel central.

El analista no es  optimista sobre el avance de esta medida, pues señala que podría además afectar intereses en las bancadas pues abre la puerta a otro tipo de investigaciones, por lo que ve pocas chances de que este tipo de reformas sean aprobadas en el Congreso.

Lo cierto es que este tipo de medidas que implican la apertura de datos no es nueva en el país y no ha tenido un desenlace favorable para el gobierno, pues preocupa en distintos sectores de la población que esta información pueda filtrarse para otros fines.