Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, instruyó a la Secretaría Ejecutiva al Consejo General publicar este miércoles un informe a detalle sobre los impactos electorales a los que se someterán los procesos de votación después de haberse aprobado la iniciativa en la materia del presidente López Obrador conocida como Plan B, el cual implica cambios a seis leyes que norman la función del órgano electoral.
Las leyes generales en cuestión, que fueron reformadas, adicionadas y derogadas en diversas disposiciones, son las siguientes: de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre. La minuta con proyecto de decreto restante se encuentra pendiente a que el Senado de la República se pronuncie sobre la modificación que efectuó la Cámara de Diputados respecto de una de las disposiciones involucradas y, en función de ello, se determine la promulgación y publicación parcial o total del documento.
Córdova advierte que al "Plan B" de López Obrador todavía le falta enfrentar miles de amparos
En el informe de Córdova Vianello, sin medias tintas, se asegura que el Plan B a la Reforma Electoral pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 con el adelgazamiento de la estructura del órgano electoral y la vulneración de su autonomía e independencia, pues se trata de una "consecuente y muy significativa reducción de personal profesional, que desnaturaliza el carácter constitucional" de órganos ejecutivos del INE.
"El proyecto de decreto propone una profunda reestructura orgánica del INE, tanto de órganos y áreas centrales como de sus órganos desconcentrados que, en aras del ahorro y la austeridad, y sin previo análisis que lo confirme, reducen sus conformaciones de manera muy significativa y, por ende, desnaturaliza sus funciones constitucionales", refiere la página 10 de documento cuya elaboración solicitó Lorenzo Córdova.
"Esto a su vez, que pone en riesgo severo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadanas, bajo los principios y estándares establecidos, así como de otras actividades sustantivas de carácter permanente que afectan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de naturaleza política, a la identidad y, a la información, entre otros", agrega uno de los párrafos más pesimistas sobre el Plan B de la 4T.
Por su parte, al inicio del análisis interno del INE puede leerse que "es necesario que las nuevas reglas de organización de las elecciones, sean conocidas por la autoridad electoral que tendrá a su cargo la aplicación de nuevas reglas, con el propósito de valorar su viabilidad y tiempos de implementación desde una perspectiva eminentemente técnica. [...] Desafortunadamente, no ha sido el caso en esta ocasión".
Y continúa: "Aun cuando un segmento considerable de las disposiciones objeto de modificación se encuentran relacionadas con la estructura organizativa del INE y con diversos procedimientos vinculados con la preparación y desarrollo de un proceso electoral, las propuestas de modificaciones legales han sido confeccionadas sin tomar en consideración la experiencia y conocimiento técnico de la autoridad electoral".
Todo esto tiene lugar luego de que a través de sus redes sociales el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, adelantó la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las razones antes expuestas.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.