En solemne acto, este domingo el secretario Omar García Harfuch detalló que la encomienda de enfrentar la extorsión "con toda la fuerza de las instituciones del Estado", por lo que se implementará la Estrategia Nacional Contra la Extorsión.

El objetivo del Gabinete de Seguridad es desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con dicho delito.

Por ello, anunció una coordinación institucional con la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de República, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

En e acto, el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció que convocará a los 32 titulares de las fiscalía estatales para buscar un sistema común de denuncias en contra de la extorsión, y que se integre la información con el fin de tener una base de datos robusta.

"Yo voy a convocar para el día 1 de agosto a todos los fiscales de todo el país para establecer un compromiso de levantamiento de todas las denuncias en esta materia, un sistema común de información que vamos a hacer público", dijo Gertz Manero durante el evento.

Tras detención de Chávez Jr. por acuerdo con Ovidio, Monreal anunció reformas a la Ley de Extradición

De acuerdo con fuentes en Palacio Nacional, lo anterior confirma que fue el Fiscal General quien filtró a El País -el medio favorito de Claudia Sheinbaum- el borrador de la reforma a la FGR y a las fiscalías de los estados. "Una reforma de gran calado", se lee en la publicación, en momentos donde el capo Ovidio Guzmán negocia con la justicia estadounidense.

Tal y como lo reveló esta redacción, Gertz estaría buscando una mejor cooperación con las autoridades estadounidenses ante las nuevas extradiciones de capos mexicanos del narcotráfico hacia Estados Unidos después de la entrega de 29 narcos en febrero pasado. Sin embargo, la Ley de Extradición también será modificada, como lo anunció el diputado federal Ricardo Monreal.

En aquella ocasión quedó en evidencia que la legislación actual entrampó las extradiciones de muchos de ellos por años, y que la voluntad política del Gobierno de México, ante la amenaza de nuevos aranceles por parte de Donald Trump, desbloqueó y en algunos caso, omitió la acción de la justicia mexicana en contra de los capos del narco.