Esta semana el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó ante el grupo de trabajo de dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma para eliminar el fuero, cuyo objetivo central -explicó el morenista- es "erradicar privilegios, combatir la impunidad y garantizar que ninguna persona servidora pública esté por encima de la ley, sin menoscabar la libertad de expresión ni la función legislativa".

El diputado federal de Morena recordó que en 2019, a iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se reformó la Constitución para retirar el fuero al titular del Poder Ejecutivo federal y ampliar los supuestos por los que puede ser juzgado, incorporando delitos de corrupción, electorales y cualquier ilícito aplicable a la ciudadanía.

"Ese fue un ejemplo claro de colocarse en el mismo nivel que cualquier ciudadano o ciudadana frente a la ley", subrayó Ramírez Cuéllar. Explicó además que la iniciativa retoma experiencias exitosas de entidades como la Ciudad de México, Jalisco y Puebla, donde se ha avanzado en la supresión del fuero.

Sin embargo, funcionarios de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro revelaron a esta redacción, bajo condición de estricto anonimato, que han llegado reclamos de distintos gobiernos estatales a través de sus legisladores en contra de la propuesta la cual -dicen los gobernadores, incluidos algunos de la 4T- los pone en una "vulnerabilidad jurídica innecesaria".

Rumbo a las sucesiones estatales de 2027, esas quejas han salido lo mismo de Sinaloa, Baja California y Guerrero, que de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz. "Ramírez Cuéllar no se mide con tal de hacer sombra a Ricardo Monreal y su grupo, todo para gobernar Zacatecas y hacer a un lado a esa familia", explicó una de las fuentes a LPO.

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En respuesta, Ramírez Cuéllar justifica la eliminación del fuero con el argumento de "homologar criterios a nivel constitucional y devolver a esta figura su sentido original: la inmunidad parlamentaria para proteger la opinión y el voto, no como escudo frente a la justicia". Básicamente, el morenista de los Puros y Duros asegura que con el fuero se escudan delincuentes.

La propuesta plantea reformas a los artículos 61, 111, 116 y 122 de la Constitución, con cambios clave como ampliar en el artículo 108, el catálogo de personas servidoras públicas que pueden ser imputadas y juzgadas durante su encargo, incluyendo diputadas, senadoras, gobernadoras y diputaciones locales, por los mismos delitos que cualquier ciudadano.

Eliminar la necesidad de declaración de procedencia (juicio de desafuero, como se le conoce popularmente) y estar sometido a proceso no equivale a culpabilidad, sino a permitir que las imputaciones se resuelvan ante fiscalías y tribunales, insistió Ramírez Cuéllar. "La iniciativa no debilita al Congreso ni a los gobiernos locales, sino que los legitima", aseguró.