Este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una bomba contra el Gobierno de México: acusó al menos a tres bancos que operan en México (Intercam, Vector y CIBanco) por lavar dinero de cárteles mexicanos y por tráfico de fentanilo. Un acto que en Palacio Nacional se interpretó como obstáculos a la realización del Plan México.

Lo anterior mientras la fiscal gringa Pam Bandi incluyó a México en la "lista negra" de adversarios de su país junto a Irán, Rusia y China. "Cualquier adversario que quiera matar o envenenar a nuestros niños con drogas", dijo la funcionaria durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado sobre el presupuesto 2026.

En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, luego de las acusaciones por lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos. "Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano", publicó en un comunicado la CNBV.

También la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia mañanera, donde aseguró que demostrarse el lavado de dinero de los bancos "no con dichos sino con pruebas contundentes", pues "nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad", porque "colaboramos, pero no nos subordinamos". "No somos piñata de nadie", sentenció.

Todas las autoridades federales de la actual administración se pusieron en alerta después del anuncio en Estados Unidos, desde la Secretaría de Hacienda, pasando por la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la propia la Junta de Gobierno de la CNBV, por los conocidos vínculos de varios inversionistas y políticos en el caso, en particular Poncho Romo.

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En el mercado ya se comienza a hablar del "efecto Poncho Romo", quien desde 2012 se presentó como el empresario susurrador del oído de Andrés Manuel López Obrador y cuando fue asignado a la Jefatura de la Oficina de Presidencia en 2018 dimensionó su nula influencia sobre el nuevo presidente, el cual más de una vez le demostró su irrelevancia.

Romo, por su parte, se dedicó a su propia agenda y en 2018 tampoco pudo hacer nada para que las fuerzas del obradorismo se inclinaran por su suspirante favorito: el entonces canciller Marcelo Ebrard. Ahora, cuando a alguien se le ocurre preguntar al actual titular de Economía sobre el empresario, no hay más que evasivas y sueños sobre la gubernatura de Nuevo León.

Según pudo saber esta redacción entre la fuente que cubre al sector económico en el país, las organizaciones empresariales están inquietas y, en más de un caso, han entrado en pánico ante una posible cacería de brujas de las autoridades norteamericanas contra los fondos de inversión, las entidades financieras y los grupos de banqueros que trabajan en México. 

Y el teléfono de la secretaria particular de Altagracia Gómez no para de trabajar confirmando la comunicación pronta con la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), además de pedir confianza en que sus inversiones están seguras en el país. El mensaje de Sheinbaum a través de CNBV tuvo esa intención, blindar antes que minar el crédito de los banqueros y seguir dando pasos adelante al Plan México. 

Por ahora la presidenta del emporio del maíz Grupo Minsa está dando la cara ante el temor de que las inversiones se esfumen por investigaciones del gobierno de Donald Trump. ¿Altagracia Gómez podrá contener la creciente desconfianza por la ampliación de la lista negra de las autoridades estadounidenses y la supuesta inclusión de políticos mexicanos?