Llegó algo de alivio al Gobierno tras una nueva prórroga de 90 días de parte de Donald Trump respecto a los aranceles. Si bien el escenario actual está lejos de ser el óptimo, Claudia Sheinbaum lo entiende como ganancia, sobretodo porque no termina de existir una certeza sobre qué pretende la Casa Blanca respecto al futuro del T-MEC. Es entendible: de poco o nada sirve renegociar el acuerdo ante la intención de Trump de usar la política comercial como mecanismo de presión.

Pasado el mediodía llegó a Palacio una novedad que esperaban: el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos comenzó a poner en duda la capacidad de Trump para hacer propia la política arancelaria y no someterla al Congreso.

Los jueces, según quedó registrado, expresaron fuertes dudas respecto al atajo que utiliza la Casa Blanca para imponer los aranceles: una ley de los años 70 que era utilizada por Richard Nixon y cuyo alcance era estrictamente temporal. Si este Tribunal fulmina el poder de decisión de Trump todos los acuerdos bilaterales de comercio, alcanzados los últimos días, quedaran en duda. Un tribunal de primera instancia ya dijo que la Constitución establece que es el Congreso quien fija la política comercial.

Antecedentes para tener en cuenta de cara a otros litigios en camino, casi todos iniciados por pequeñas y medianas empresas. El más importante: hasta qué punto Trump puede imponer aranceles apegado a criterios no comerciales, como es el caso de Brasil, país con cual EU tiene superávit pero que padece aranceles del 50% por las tribulaciones judiciales del expresidente Jair Bolsonaro.

Ante el control que la Casa Blanca está demostrando sobre el Partido Republicano, el Gobierno mexicano se queda a la espera de que la guerra comercial sea aplacada desde los tribunales.

Una ventana de oportunidad frente a un presidente que entiende a los aranceles casi como un acto de reparación histórica: Trump suele decir una gran cantidad de países han estafado a Estados Unidos desde los años 80. Frente a este presunto agravio la formula está a la vista: cobrar a los países por su acceso al mercado de la primer economía del mundo y por la defensa de su Ejército, como sucede con Europa, Japón o Corea del Sur.

Este es otro de los motivos por los cuáles Sheinbaum se muestra reticente a una fuerte injerencia de Washington en el combate al crimen organizado: permitir ese tipo de operaciones implicaría agregar un elemento a la relación bilateral que a la larga sería una ventaja adicional para EU.

La prorroga anunciada este jueves, en tanto, le da hándicap a la estrategia de Sheinbaum no contestar con advertencias de aranceles recíprocos ni intentar movimientos más audaces como es el caso del primer ministro canadiense, Mark Carney, que esta semana empezó a decir que su país podría reconocer a un eventual estado palestino, lo cual motivó un ataque inmediato de parte de Trump. La situación arancelaria de Canadá se ha vuelto crítica: pagará impuesto del 35% a todo el comercio por fuera del T-MEC. El argumento es que Carney no combatió suficiente al tráfico de fentanilo. Paradojas.

El costado político doméstico es otro prisma clave de lo sucedido este jueves. Sheinbaum cierra una semana muy agitada por los devenires vacacionales del morenismo y su capacidad de contener a Trump le da fuerza hacia el interior de un movimiento que se encuentra conmocionado por el hervidero de rumores sobre arrestos, cancelaciones de visados y fotografías tomadas en destinos lejanos, supuestamente, por orden de agencias de espionaje extranjeras.

Maniobrar los impulsos de la Casa Blanca es una táctica que Sheinbaum espera que le otorgue margen político hacia el interior del oficialismo. Ella puede ofrecer un margen de maniobra que en Palenque, desde ya, no se consigue.