Turismo
Alcalde de Tulum abre playas "gratuitas", pero bajo condiciones que limitan el libre disfrute
Diego Castañón asegura que no se cobrará acceso, aunque impone restricciones. Las medidas han generado críticas por condicionar el derecho ciudadano a disfrutar del espacio público.

El alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, anunció la apertura de todas las playas del municipio al público y afirmó que su acceso será completamente gratuito. Sin embargo, el mensaje difundido en redes sociales despertó polémica, pues las condiciones impuestas para ingresar -sin alimentos, bebidas, hieleras ni sombrillas- cuestionan el sentido real de un "acceso libre".

En su video, Castañón Trejo aseguró que son falsos los rumores sobre cobros o "covers" a los turistas, insistiendo en que las playas son y seguirán siendo de uso público. Pero al mismo tiempo, aclaró que los visitantes no podrán llevar consigo ningún tipo de alimento, bebida o incluso sombrilla, argumentando que la medida busca mantener el orden y apoyar a los negocios locales.

Las restricciones, que en la práctica obligan a los turistas a consumir en los establecimientos cercanos, han sido interpretadas por diversos sectores como una forma encubierta de privatización del espacio público. Bajo la etiqueta de "reglas de convivencia", el ayuntamiento parece condicionar el derecho ciudadano a disfrutar de las playas sin depender de la oferta comercial de la zona.

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El argumento del alcalde, centrado en "beneficiar a quienes dependen del turismo", deja fuera a los visitantes de bajo presupuesto y a los habitantes locales que tradicionalmente acuden con sus propios alimentos. Lejos de democratizar el acceso, la medida refuerza una lógica de exclusión que privilegia el consumo sobre el disfrute libre y equitativo de los recursos naturales.

Diversas voces en redes sociales han señalado que las condiciones impuestas contradicen el carácter público de las playas establecido en la ley mexicana. Ambientalistas y defensores del espacio común advierten que estas disposiciones podrían abrir la puerta a prácticas de privatización disfrazadas de regulación, afectando tanto el derecho ciudadano como la sustentabilidad del entorno costero.

En medio de la controversia, el gobierno municipal de Tulum parece apostar por un modelo turístico que prioriza la rentabilidad sobre el acceso equitativo. Las playas pueden ser gratuitas, pero las condiciones impuestas dejan claro que no todos podrán disfrutarlas en igualdad de circunstancias.

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