Adán Augusto se siente revitalizado. Ocurre que en sus manos cayó uno de los temas centrales para AMLO: la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, que podría ser la clave para modificar el mercado eléctrico sin la necesidad de que se apruebe la reforma constitucional que en estos momentos el Gobierno intenta aprobar en el Congreso.

Para comprender la situación hay que recordar que la 4T ya aprobó en marzo de 2021 la Ley de la Industria Eléctrica, cuyo contenido daba otra vez el control casi absoluto del mercado a la CFE. La lluvia de amparos frenaron la aplicación de esa ley, mientras la oposición y organismos del sector presentaron controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Para saltar esas quejas de inconstitucionalidad, López Obrador envío un reforma al Congreso, que por estos días se intenta consensuar en Diputados. Sobre todo con el PRI, que desesperadamente quiere aportar los votos de sus Diputados a cambio de un trueque en Hidalgo.

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Pero Adán Augusto sabe que si la Suprema Corte rechaza la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica -ya aprobada, y sólo frenada en su aplicación por amparos- el objetivo de AMLO estaría virtualmente cumplido. "Esto me puede hacer Presidente", dice envalentonado.

El titular de la Segob sentía que su momentum había pasado, y que Sheinbaum había tomado la delantera. Él mismo la había tenido que empoderar frente a alcaldes y militantes de la 4T para que todo lo relativo a la revocación de mandato sea coordinado por la Jefa de Gobierno. Ahora Adán también tiene un encargo, y de los grandes.

"El que está frito es Marcelo. AMLO se reúne con Kerry y empresarios de EU, mientras él está en la otra punta del planeta con temas menores", sentencia el secretario de Gobernación, quien ya se siente oficialmente el Plan B.

Con ese marco de fondo, según pudo saber LPO, Adán Augusto estuvo en los últimos días visitando a ministros de la Corte, para presionar en favor del proyecto de Loretta Ortiz. La ministra plantea que la Ley aprobada por el Congreso no es inconstitucional, porque no se vulnera el derecho a la libre competencia ni tampoco se afecta el medio ambiente.