La oposición no fue la única que se manifestó en contra de las leyes de seguridad que esta semana el gobierno logró aprobar en la Cámara de Diputados. Este viernes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU con sede en México expresó su "preocupación" ante los avances legislativos logrados por la 4T -que se espera que se aprueben sin mayores problemas en el Senado- al sostener que "consolida una indebida naturaleza militar".

"Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos", sostuvo la Organización de las Naciones Unidas a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

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De esta manera, las iniciativas impulsadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibe observaciones por parte de la comunidad internacional que se suman, además, a las objeciones hechas por la oposición y diversos organismos nacionales. Según estas críticas, las modificaciones a la Guardia Nacional y los intentos de universalizar el CURP con datos biométricos podrían representar riesgos para la privacidad de la ciudadanía al brindarles demasiado poder a las fuerzas de seguridad y armadas.

Asimismo, la ONU manifestó su preocupación por "las facultades que se darían al Ejército para procesar la información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad y otros derechos humanos". "Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos", agregó.

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A pesar de las críticas hechas por la oposición y la ONU, se espera que el oficialismo logre aprobar las iniciativas relacionadas a la seguridad nacional la próxima semana en el Senado a raíz de la super mayoría con la que cuenta la 4T en la Cámara alta. Segú explican en el gobierno, las modificaciones servirían para robustecer el funcionamiento y el trabajo de la Guardia Nacional para combatir al crimen organizado; y, al mismo tiempo, agilizar la búsqueda de personas desaparecidas a través de los datos biométricos.