Los senadores de la 4T por Nuevo León, Waldo Fernández González y Judith Díaz, informaron que solicitarán a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que reconsidere la designación de Eduardo Villanueva Garza como encargado del despacho en Nuevo León por presuntos nexos con el gobernador Samuel García.

Señalaron que Villanueva Garza, como funcionario estatal, en marzo de 2024 aprobó de manera acelerada un trámite de impacto ambiental para la construcción de una residencia en la zona conocida como Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García. El predio en cuestión es propiedad de García Sepúlveda y su padre, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

Díaz expuso que es evidente el conflicto de interés entre quien sería el encargado de la PROFEPA en Nuevo León, sobre todo en un contexto de crisis medioambiental que se vive en la entidad.

"El nombramiento de quienes encabezan instituciones como la PROFEPA no puede estar sujeto a cuotas políticas o intereses personales. En un estado donde cada día perdemos un poco más de nuestras montañas y de nuestra calidad de vida, la vigilancia y defensa del medio ambiente debe ser una prioridad", dijo la senadora.

Recientemente se dio a conocer la renuncia por parte de la delegada de la Profepa en Nuevo León, Zulma Espinoza Mata, quien presuntamente tuvo diferencias en Palacio de Cantera, principalmente por el manejo de una comisión donde se encuentra integrada la federación.

Estuvo poco más de un mes en el cargo y ahora nombrarán como encargado de despacho a Eduardo Villanueva, quien ya fue funcionario durante la administración de Samuel García, además de acelerar procesos en beneficio del ejecutivo estatal.

Con estos señalamientos, además de otros a dependencias paraestatales y crisis de la entidad como la movilidad o la contaminación, los líderes de la 4T complican la relación con MC y el gobernador, misma que, según pudo conocer LPO, se iba deteriorando por el trato en la aprobación del Presupuesto, así como en el tema de la reforma judicial, donde el partido afín al estado negoció con el PRI-PAN.