El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Decreto número 363, publicado el 30 de diciembre de 2020, por el que se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León pues no consultaron a personas con discapacidad para promoverla.

De acuerdo con los magistrados, dado que este decreto hace referencia a la educación especial de personas con discapacidad, la legislación local tenía la obligación de consultar a los sectores involucrados, pero no lo hicieron.

"Este Decreto 363 tiene como punto central la regulación de la educación especial destinada a personas con esas condiciones, por lo que el legislador se encontraba obligado a consultarles previamente", señaló el ministro Luis María Aguilar Morales.

Por esto, la corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 29/2021 y dictó que el asunto surtirá efecto dentro de 12 meses, periodo en el que los diputados serán obligados a rectificar lo propuesto con una consulta abierta, como lo demandó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que promovió la queja.

Además, la SCJN también invalidó preceptos referentes a la educación especial, afromexicana e indígena de la Ley de Educación de la Ciudad de México por el mismo motivo, por lo que extendieron el mismo plazo a los legisladores para llevar a cabo la consulta y modificar la constitución local.