El magistrado Roberto Rodríguez Garza, quien es cercano al gobernador Samuel García y asumió la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León (TJA) en abril, recibió un fallo en su contra con el que perdería su puesto.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una suspensión a Rodrigo Maldonado, quien precedió a Rodríguez Garza, con el fin de que regrese al Tribunal como Magistrado. Maldonado fue removido en abril del 2022 previo al actual conflicto político entre el Ejecutivo y el Frente.

Roberto Rodríguez, tras dos años como magistrado sucesor de Maldonado Corpus, fue nombrado como Presidente del Tribunal por Ethel Maldonado, la ex Presidenta del Tribunal y ex candidata de Movimiento Ciudadano en San Nicolás, razón por la que la oposición alegó un conflicto de interés e irregularidades.

El control del Tribunal se ha disputado desde inicios del presente año, luego de que el Poder Judicial del Estado, presidido por el allegado panista, Arturo Salinas, intervino con suspensiones que prohibía los cambios orquestados por el gobernador Samuel García.

El TJA, por su parte, aseguró que ha realizado todas sus modificaciones acorde a la Ley: "Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa no consideraron la resolución de la Primera Sala de la Corte como un hecho notorio, lo cual llevó a interpretaciones erróneas...La elección del magistrado Roberto Rodríguez como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Sala Superior se realizó con fundamento en la legislación vigente".

Ante el fallo, el coordinador panista en el Congreso, Carlos de la Fuente, exhortó que ahora sí se tome en cuenta, como lo marca la Ley, el análisis de la Junta de Gobierno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para la designación de un nuevo Presidente y que no se dé por imposición.

Mientras Samuel García y sus allegados reciben este revés en la disputa por el Tribunal, el equipo jurídico de MC trabaja a marchas forzadas para también impugnar los nombramientos de Fiscales y el Auditor del Estado que realizó el Congreso.