La disputa entre el Frente PRI-PAN y MC originada en 2022 dejó  estragos post conciliación, incluyendo los diversos expedientes judiciales que impulsaron ambos bandos dependencias locales y federales.

Según pudo conocer LPO, aunque la oposición y líderes del ejecutivo negociaron evitar impulsar las denuncias ya emitidas, éstas no han sido desechadas de las instancias donde fueron interpuestas. 

Es notable: la lógica más elemental diría que el punto cúlmine de los acuerdos es el fin de la guerra en tribunales y, sin embargo, en ambos campamentos se impone la lectura inversa: la permanencia de los expedientes asegura la buena convivencia, ya que funcionan como elemento de disuasión para nuevas embestidas.

La mayoría de denuncias desde la oposición en contra del gobernador Samuel García y personal del ejecutivo se encuentran en la Fiscalía de Anticorrupción y en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ambas instancias controladas por el PRI-PAN. Pero desde la aprobación del Presupuesto ninguno de esos expedientes se ha activado.

Respecto a denuncias a nivel federal contra actores relacionados a Palacio de Cantera, como el proceso en contra de Alejandra Morales, tampoco se han desechado, sin embargo, la mayoría se encuentran paralizados por algún amparo o recurso de controversia.

En cuanto a los juicios políticos en contra del gobernador, además de las sanciones que solicitó el Trife por presuntas irregularidades electorales, tampoco han avanzado y el Frente también disminuyó su difusión mediática. Entienden que no logran la aritmética para concretar estos recursos y lo aplazarán lo más posible, similar al caso del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

MC también desistió a intensificar denuncias en contra de actores de oposición como durante toda la campaña en contra del alcalde Adrián De la Garza, quién acumula presuntas investigaciones ante la FGR y el Trife. Asimismo también bajó la intensidad contra otros perfiles como Daniel Carrillo o Francisco Cienfuegos ante la Auditoría Superior de la Federación.

Hasta ahora el PRI y PAN sólo han arremetido contra funcionarios como el de medio ambiente Alfonso Martínez, o el de Agua y Drenaje, Juan Barragán; sin embargo, la confrontación no llega a la instancia judicial.