La Mesa de Seguridad respalda el Paquete Presupuestal 2026 y piden al Congreso aprobar dicha propuesta. El proyecto muestra un monto histórico que se ha estructurado como un fuerte componente en donde la Mesa, apoya el incremento del ISN de un 3% a 4% para el rubro de seguridad.

La Mesa para la Reconstrucción de la Paz en Nuevo León está conformada por corporaciones de los municipios, la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa, La Fiscalía y Fuerza Civil.

Con la propuesta del Presupuesto, en el rubro de seguridad se contempla la construcción de un Regimiento Militar en Galena en la entrada a la Carretera Interserrana, el Regimiento Militar en Anáhuac que se ubicaría en la entrada de la Gloria-Colombia integrado al menos por 600 soldados, más su equipamiento, para la Fiscalía General de Justicia en el Estado se estarían destinando 500 mdp y para las corporaciones de los municipios 600 millones.

Además, contempla el aumento de la tasa del Impuesto sobre Nómina de 1 punto porcentual pasando de 3% a 4%; lo cual representa una medida estratégica orientada al fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado. Esta acción busca ampliar la recaudación local con la finalidad de destinar los recursos adicionales a programas, proyectos y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública en el Estado.

Asimismo, se destinará el 10% sobre el incremental de la tasa del Impuesto sobre Nómina, es decir, un estimado de 600 millones de pesos a programas, proyectos y acciones enfocadas en la seguridad pública en los municipios. Con base en lo anterior, el Fideicomiso de Iniciativas Sociales recibirá 251 millones de pesos

Fuerza Civil al igual que las Policías Municipales se han posicionado en los primeros lugares a nivel nacional, no obstante para mantener estos resultados se requieren recursos continuos, especialmente rumbo al próximo Mundial 2026, que demandará una coordinación reforzada entre autoridades locales y federales. La iniciativa del Ejecutivo incluye un rubro especial de recaudación etiquetada por fórmula, que obliga a transferir los recursos directamente a las policías municipales