Son momentos críticos en el staff de Samuel García en Nuevo León. Más allá de la trifulca política que conmueve a la entidad que mañana sábado podría tener dos gobernadores en paralelo, en el gabinete estatal hay nerviosismo porque creen que lo primero que hará Luis Enrique Orozco como gobernador interino será acelerar el proceso para que Adrián De la Garza sea el nuevo fiscal general del Estado.

Es el escenario más temido porque, según mencionan, el excandidato a la gubernatura por el PRI llegaría con ánimo de revancha contra los principales actores del gobierno estatal. Sería la replica a una serie de pesquisas encabezadas por Samuel contra referentes de la oposición como Carlos De la Fuente, Zeferino Salgado o Francisco Cienfuegos.

El mecanismo sería veloz: Orozco vetaría a uno de los integrantes de la terna para la Fiscalía y luego el legislativo podría avanzar en la designación de De la Garza, quien ha promovido en paralelo un expediente en la Suprema Corte para acceder a la Fiscalía.

De este modo, la situación volvería a fase cero: el origen del conflicto del gobernador con la oposición es que este se opuso a que De la Garza fuera fiscal luego de que los partidos le dieron los votos para la nueva Constitución de Nuevo León.

Javier Navarro en las últimas horas pidió conservar la calma y no descartar un acuerdo de último minuto entre el gobernador y la oposición.

LPO pudo conocer que ayer jueves dos exgobernadores sondearon a Samuel para ofrecerse como mediadores, pero no hubo avances. Por estas horas también estaría en curso una mediación del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera.

Hay un lugar común: en ambas trincheras rechazan el escenario de la desaparición de poderes, que tan campante propuso ayer jueves Luis Donaldo Colosio, porque implica dejar a Nuevo León bajo el arbitrio presidencial.

En la dirigencia nacional de MC la tensión también escala porque si Samuel finalmente se queda como gobernador, el partido naranja tiene que acudir a su último recurso, o sea, Dante Delgado, lo cual pone al instituto político en serio riesgo de perder el registro.