Referente a la disputa en torno a la sucesión al frente de la Fiscalía General de Nuevo León, la Consejería Jurídica del Estado reveló que debido a la suspensión en la emisión de cartas de no antecedentes penales y otros documentos, ningún documento podrá aprobarse hasta que el juez resuelva a fondo, lo que podría demorar entre 6 y 9 meses.

"El juez federal obliga a que las autoridades responsables se abstengan de publicar los requisitos y en su caso continuar con los trámites correspondientes a la convocatoria para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León", dicta el documento al que tuvo acceso esta redacción y añade, "En consecuencia, deberán de abstenerse de continuar con los trámites vinculados a la Convocatoria, a fin de no caer en desacato".

Hasta el viernes, fecha en la que se suspendió el proceso de candidaturas, 65 aspirantes se presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso Local, pero de estos 54 no acreditaron todos los requisitos debido a la suspensión de los documentos.

En consecuencia, el recién electo Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción dio vista a la Comisión Anticorrupción del Congreso para que determine cómo se debe proceder en estos casos.

Emitida la solicitud del comité, la Comisión Anticorrupción sesionó de forma extraordinaria y pidió al gobierno estatal a que, en un plazo de 48 horas, entregue las cartas de no antecedentes penales pendientes o de lo contrario, aplicarán la presunción de inocencia de los participantes, advirtió el diputado Jesús Gómez.

Por su parte, las diputadas naranjas, Iraís Reyes y Sandra Pámanes, comentaron que lo manifestado por Gómez excede lo que debió realizar la Comisión y es una clara modificación a los requisitos de la convocatoria porque solo debían presentar la lista de aspirantes que no cumplieron a los requisitos para requerirlos para que los subsanen.

"Están perjudicando todo el proceso. Es increíble que no entiendan que este proceso está cada vez más manchado", dijo Pámanes, "No hay facultades de la Comisión Anticorrupción para estar modificando los requisitos aprobados por el pleno del Congreso".