El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido esta mañana en el municipio de General Terán por presunto desvío de recursos.
A través de un comunicado, la Fiscalía especializada en Delitos Electorales de Nuevo León oficializó la detención: "En fecha 15 de marzo del 2022 se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de la persona mencionada (Jaime Rodríguez), dictada por un Juez de Control y de Juicio Oral del Estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales".
El comunicado también señala: "La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica".
Este proceso se llevó a cabo motivado por una denuncia por desvío de recursos relacionado con su campaña presidencial de 2018 cuando presuntamente usó a cerca de 500 empleados de gobierno para recabar firmas y cumplir con los requisitos de una candidatura independiente, lo que implicaría uso de recursos públicos y humanos.
La detención se llevó a cabo por parte de elementos de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y de la Agencia Estatal de Investigaciones sobre una carretera a la altura del Rancho Los Ángeles en el citado municipio periférico. Además, trascendió que fue detenido por elementos de su misma escolta y podría ser procesado además por otra investigación relacionada con enriquecimiento ilícito.
Apenas este domingo, el gobernador Samuel García hizo referencia a los delitos de corrupción y declaró: "Quien la hizo la paga, quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel".
La última vez que Rodríguez pisó las instalaciones del Penal de Apodaca fue el 2 de octubre de 2020 durante un evento en el que se inauguró una cancha de pasto sintético y se proponía patear el balón en la portería cuando le comentó a uno de los internos "Si lo paras, te libero", declaración que causó polémica entonces.
Durante su fallida campaña presidencial se dio a conocer que más de la mitad de las firmas recabadas por el entonces candidato, habían sido recabadas y dadas de alta en la plataforma digital del INE por funcionarios públicos durante su horario laboral lo que motivó la denuncia del entonces senador Samuel García y la ex diputada local, Mariela Saldívar.
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