Pende de un hilo la paz que el gobernador Samuel García había alcanzado con PRI y PAN. El gobernador se muestra renuente a designar como fiscal general al ex alcalde regio del tricolor Adrían De la Garza y, en la óptica de la oposición, esto choca con lo acuerdos alcanzados para la aprobación de la nueva Constitución que demandaba García y para la remoción del ex fiscal Gustavo Guerrero.

La Corte Suprema tumbó esta semana amparos impulsados por MC para frenar el recorte de atribuciones que el Congreso - controlado por PRI y PAN -, había impulsado meses atrás. El giro implicó un golpe para el secretario de Gobierno Javier Navarro que aseguraba tener buen cabildeo en el máximo tribunal. Navarro  tampoco está a favor de designar fiscal general a De la Garza.

En el gabinete naranja se menciona que detrás de la reacción de la Corte podría haber estado Julio Scherer, que tiene influencia sobre Arturo Zaldívar y que además conoce bien al ex gobernador Rodrigo Medina.

Tras el fallo, diputados locales en el Congreso  exigieron al gobernador que publique 95 decretos aprobados por los legisladores durante las sesiones extraordinarias del receso legislativo, entre ellas, la que le entrega al legislativo el poder sobre la designación del titular de la UIFE. Por cierto: ya se barajan nombres para esa posición, especialmente luego de que, nuevamente consultado, Bernado González dijo ya no estar interesado en esa oficina.

Con base en las pausas que suponían algunos procesos legales promovidos por 9 alcaldes de la periferia en contra de los decretos, García retrasó la publicación de lo aprobado por el Congreso en el periódico oficial del estado.

En respuesta, el presidente del Congreso, Mauro Guerra, afirmó que con la decisión de la Suprema Corte para desechar las nueve controversias en contra de los periodos extraordinarios de mayo y junio, el gobernador ya no tenía armas para seguir retrasando la oficialización de las reformas.

"Al desecharse estas controversias quedan firmes los acuerdos que ya tomó el Congreso y si ya la corte las desechó pues que se dé ya la publicación", externó el panista, "El gobernador debe respetar lo decidido por el Congreso y cumplir con su obligación de publicar".

Por su parte, la emecista Sandra Pámanes, apoyó la premura por la publicación, aunque reconoció que el resultado de la lucha del PAN no iba acorde a lo defendido por su bancada.

"Habrá que acatarse lo que se señale", dijo, "aunque no se llega al fondo de si son válidas o no las iniciativas del PAN en cuanto a la UIFE".

Dentro de los 95 decretos pausados se encuentran reformas a las leyes de Agua y Drenaje para que el Consejo de Administración defina a los representantes de alcaldes dentro del grupo, reformas a Movilidad, Cambio Climático, de Conservación y Protección Arbolado, financiamientos a municipios, cuentas públicas y las polémicas reformas a la Ley Orgánica de la FGJE para crear la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, además de los debates en primera vuelta sobre la autonomía constitucional de la UIFE.