Luego de que el gobierno de Nuevo León designó a su actual encargado de despacho, Ulises Carlín, como tesorero y omitió la intervención desde el Congreso local, la presidenta de la Mesa Directiva del legislativo, Itzel Castillo Almanza, señaló que se trata "una falta de respeto al Estado de Derecho".

"La Constitución Política del Estado de Nuevo León es muy clara: hay un plazo establecido para enviar la propuesta para el nuevo titular del cargo que está acéfalo", dijo la diputada del PAN.

"Es un hecho ilegal la omisión del Gobernador, es de nueva cuenta una falta de respeto al Estado de Derecho en el que todos anhelamos vivir; los servidores públicos, y más al nivel del Gobernador, no podemos sentar precedentes de no obedecer la ley", agregó.

Cabe recordar que, de acuerdo a la Constitución local, el ejecutivo tendría un plazo de 90 días para enviar propuestas de perfiles aptos para la Tesorería estatal, sin embargo, esta acción debería ejecutarse en caso de que el tesorero anterior "haya renunciado injustificadamente". El gobernador Samuel García aseguró que la renuncia de Carlos Garza Ibarra fue justificada, por lo que no debe haber intervención del legislativo.

"Carlos anunció y renunció de forma justificada en diciembre y por tanto no es injustificado. Por ello nombré a Ulises, que los Diputados crean o interpreten la ley de manera incorrecta, pues ya es su bron... entonces, que se queden esperando", declaró en un evento el mandatario.

Ante esto, legisladoras del PRI como Armida Serrato o Lorena de la Garza, han insistido en la posibilidad de llevar esta presunta omisión a la Suprema Corte.

"A nosotros como Congreso nos obliga eso a ciertas acciones, entre ellas, una nueva controversia constitucional... eso lo tendría que hacer la presidenta del Congreso que es quien ostenta la representación jurídica del Congreso. Nosotros como legisladores apoyaremos esta medida", señaló De la Garza en una entrevista con un medio local.

En Palacio de Cantera, según pudo conocer LPO, celebran cualquier situación que pueda judicializarse desde la oposición. Entienden que los tiempos del litigio, en paralelo de la falta de resolución inmediata, les beneficia para operar con el actual encargado de despacho en la Tesorería hasta que se resuelva el asunto legal, es decir, por tiempo indefinido. Si existe celeridad, podría haber una definición cerca del siguiente proceso electoral.

Algo similar ocurrió con la falta de la publicación del Presupuesto 2024 o los juicios políticos en contra de García Sepúlveda y el ex secretario de gobierno, Javier Navarro, donde la Corte emitió un resolutivo con meses de posterioridad, dejando sin efecto inmediato los recursos legales interpuestos desde la oposición.