El secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, obtuvo un amparo contra el juicio político que legisladores de PRI y PAN aprobaron procedente en el Congreso por su presunta responsabilidad en la no publicación de los decretos y reformas que han aprobado.

"Por lo pronto el juicio político tendrá ya algunos tropiezos para los efectos de su procedencia", dijo Navarro, "Yo me siento muy tranquilo, porque no he violado la Constitución, porque no he hecho absolutamente nada que dañe a mi querido estado, no tengo ninguna cosa que sienta remordimiento o pena como deben sentir los Diputados del PAN y el PRI, por el circo que están haciendo y por la bola de porquerías en este procedimiento".

La mano derecha de Samuel García excusó que en la Constitución no hay una ley que especifique un tiempo límite para la publicación de los cerca de 20 decretos que aún siguen pendientes, además, el proceso que se inició por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción no siguió el debido proceso e incurrió en faltas al no darle los cinco días mínimos para defenderse.

Además, acusó que las reformas que aún no se publican en el Periódico del Estado están detenidas por inconsistencias en las firmas pues presume, las signas de la ex presidenta del Congreso, Ivonne Álvarez, fueron falsificadas, afirmación que la priista negó.

"Reafirmo que esas firmas son hechas por mi puño y letra", dijo la diputada, "Me llamó el 31 de octubre para decirme que había inquietudes sobre un par de oficios que se habían presentado de mi parte el 11 de julio, y le dije que si eran mis firmas".

Por su parte, los legisladores de MC cuestionaron que el fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, acelere una carpeta de investigación en contra de Navarro cuando hace unos meses se denunció un poco productividad de su organismo.

"Hay una coordinación muy atípica que se da entre el presidente del Congreso, Mauro Guerra y el fiscal, que no ha movido más de 3,000 carpetas de investigación pendientes y ahora si está moviendo una carpeta por un asunto de supuesta falta de publicidad, cuando el secretario de gobierno no es el que está al frente del Periódico Oficial", externó el coordinador, Eduardo Gaona.

Sobre la presunta solicitud de desalojo que el poder ejecutivo le extendió a trabajadores de la Fiscalía Anticorrupción, la legisladora naranja, Sandra Pámanes aseguró que el equipo del fiscal debería mudarse a las delegaciones estatales del PRI y PAN puesto que es a ellos a quienes parece servir, pero no se trataba de revanchismo político.

"Hay muchas opciones, yo le recomiendo que busque el edificio que está en Pino Suárez y Arteaga, un bastante amplio, o en el de Escobedo y Treviño, donde seguro lo reciben con los brazos abiertos porque son las instalaciones de los dos partidos políticos con los que ha estado trabajando", dijo la diputada, "Esto no es revanchismo porque cada una de las instancias debe mantener su autonomía. Creo que es al revés, estábamos recibiendo un órgano autónomo dentro de las instalaciones que le corresponden al poder ejecutivo".