Los alcaldes de Nuevo León están cada vez más inquietos con el desempeño de la Guardia Nacional en la entidad, ya que insisten en que esta corporación no es eficiente en la lucha contra el robo de combustibles.

Alcaldes de diversos partidos revelaron a LPO que dicha fuerza federal no está trabajando como se espera en algunos delitos, y cuando se trata del huachicoleo, estos eligen "mirar a otro lado" y solo llegan para tomar la foto en las detenciones que otras corporaciones municipales concluyen.

En diálogo con esta redacción aseguraron tener la información de que actualmente están operando 14 células del Cartel de Sinaloa en el Estado con grupos de no menos de 1,000 personas en las más fuertes, que han desatado balaceras, enfrentamientos y ejecuciones en la búsqueda por la conquista del territorio. Los negocios ilegales en la entidad rondan los 8000 millones de dólares anuales.

El costado menos nocivo de la situación es que de momento la violencia se detona en geografías poco pobladas y entre integrantes del crimen organizado. De momento no alcanza a la sociedad civil.

En la óptica de los alcaldes, las cifras de violencia se centran en la confontación del Cartel de Sinaloa con otros grupos criminales que operaban en la entidad previamente. Según esta tesis, el avance de Sinaloa se genera con el aval de la Federación.

Un dato importante es que la violencia se genera en estados con gobiernos opositores, fundamentalmente las administraciones que lideraron las cifras como Nuevo León y Jalisco de MC, Guanajuato del PAN, y el Estado de México del PRI.

Además, aunque las ejecuciones permanecen, el crimen parece ir a la baja en las gubernaturas morenistas como Michoacán, Baja California y Zacatecas.