La Secretaría de Economía tomó la decisión de no renovar la salvaguarda del 15% a importaciones de acero, complicando aún más las condiciones para esta industria que ya padece presiones por varios frentes y que se quejan del hermetismo con que el Gobierno tomó esta decisión.

Este enero -como cada seis meses- venció el plazo para renovar la salvaguarda que estableció el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2015 para hacer frente a la demanda del sector sobre la competencia desleal que observaban, principalmente, desde China.

En diálogo con La Política Online, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) calculó que de no decidir regresar a este procedimiento podría haber pérdidas de hasta 40,000 millones de pesos anuales para el sector.

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Y es que esta decisión termina por complicar a una industria que ya padecía por distintos frentes: primero, por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones de acero y metal; problemas de inseguridad en vías de transporte (como ocurre con el caso de los bloqueos de la CNTE en Michoacán; y la entrada del TPP, en donde se teme que se triangule acero chino a través de Vietnam.

A eso se agrega la desaceleración económica que se espera en el país y a nivel mundial -las proyecciones no estiman crecimientos arriba del 2% para la economía mexicana- y por tanto, se prevé debilitamiento en las compras del acero.

Los acereros no tardaron en reclamar dicha medida. "Es necesario refrendarla", expusieron desde la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero). Urgieron establecer un porcentaje similar al de Estados Unidos, "a fin de evitar que se nos considere una plataforma de triangulación de acero a ese país".

En 2015 le estalló al entonces secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la crisis de los acereros, que reclamaban competencia desleal para las empresas mexicanas de este sector, pues estos productos entraban con precios artificialmente más b ajos de los que existía a nivel mundial. Por lo tanto, se implementó esta salvaguarda para evitar mayores daños a la industria del acero mexicano.

Para De la Cruz, las consecuencias de que la dependencia que encabeza Graciela Márquez Colín decidiera no renovar la salvaguarda -que principalmente implica a los mercados de China, Rusia y Turquía-, implicarán fuertes riesgos para la industria. Además de las pérdidas monetarias, en cuanto se sintiera el impacto, las empresas podrían evaluar la permanencia de sus empleados.

Los impactos se verán principalmente en entidades como Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, donde existe una mayor matriz siderúrgica. "Esto les generará fuertes presiones económicas y sociales", advirtió el experto, que reclamó sobre todo que la industria estuvo buscando semanas antes a las autoridades para hacer frente al tema, sin éxito.

"Nunca existió el diálogo, existe una falta de comunicación con la Secretaría de Economía, que hasta ahora no ha expresado públicamente cuáles son las razones, pareciera que no son criterios económicos, ni cuidado al mercado laboral; se puede argumentar que esto implica precios más bajos, pero es desleal, es como comprar robado", señaló.