El discurso de ayer martes de Enrique Peña Nieto en Puebla tiene un trasfondo de fuerte inquietud en Los Pinos porque los diferentes responsables de seguridad de los estados comienzan a advertir cada vez con más frecuencia al gobierno federal que los militares están disminuyendo su participación en operativos de seguridad. Una clara respuesta a las demoras en la aprobación a la Ley de Seguridad Interior.

Los militares comienzan a evidenciar cada vez más su descontento ante una situación que ellos explican como de desprotección por parte del sistema legal.  Hace semanas que no se reportan operativos o detenciones protagonizadas por la Marina o el Ejército. En paralelo los soldados se retiraron de Tamaulipas y automáticamente la inseguridad se disparó en la entidad norteña.

Secretarios de seguridad de diversas entidades le han narrado sus cruces con jefes de zonas militares a Renato Sales. En esas pláticas le dicen que los militares eluden pedidos de apoyo a veces incluso con el argumento de "¿Para qué?, ¿Para que me chinguen con los derechos humanos?".

El tema está en conversación en el gabinete de seguridad. Allí el argumento central es que el panismo está frenando la ley porque la condiciona a la aprobación del mando mixto con tal de que sus alcaldes no pierdan posiciones en materia de seguridad y control policial. El caso es que algo parecido ocurre en el PRI, o al menos a´si lo explica César Camacho, jefe de la bancada tricolor en San Lázaro.

El corolario es que en el entorno presidencial hay quienes tampoco están convencidos de cerrar el sexenio con la votación de dicha ley. En un momento el señalado por los militares era Luis Videgaray pero en las últimas semanas el canciller ha hecho esfuerzos por acercarse a la cúpula de las Fuerzas Armadas.

El problema no es solo la ley de Seguridad. Este tema es más bien el cenit de un largo malestar. Los militares entienden que México cada vez afronta un escenario más complejo para su seguridad y que la cobertura jurídica del Estado es cada vez menor. Señalan la ley que impide demorar a quienes portan armas o las complicaciones del nuevo sistema penal acusatorio.