En las principales conversaciones del Gobierno gana peso la intención de avalar el surgimiento de, al menos, cuatro nuevos partidos políticos. Aquellos que cumplan con el reglamento tendrán el visto bueno, entre ellos, el ensamble opositor llamado Somos.

Se trata de un giro respecto al sexenio anterior, donde las innovaciones en esta materia estaban vetadas, pero, en esencia, es un mensaje hacia Estados Unidos: demostrar que la democracia mexicana es funcional, que pueden participar diversos actores y que nada tiene que ver con regímenes tropicales de corte autoritario.

Un gesto que también va dirigido a Europa: el acuerdo comercial firmado recientemente con Bruselas - que incluyó la visita a la CDMX de Ursula von der Leyen -, establece una cláusula democrática que hace fuerte hincapié en asuntos institucionales y de competencia electoral.

Bajo este mismo criterio, perdieron fuerza dos pulsiones que circularon a lo largo de la semana al interior del oficialismo: la propuesta de expulsar al embajador Ronald Johnson - el último presidente en echar a un diplomático estadounidense fue Felipe Calderón -, así como la intención de avanzar a fondo contra los gobernadores de oposición Samuel García y Maru Campos.

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, deslizó la idea de activar juicios políticos contra ambos mandatarios y, de ese modo, aprovechar el furor de la Copa del Mundo que comienza este jueves en la CDMX. La propuesta no tuvo buen hándicap en Palacio Nacional.

En cuanto al embajador, se enviaron señales subterráneas de distención. Algunas más visibles que otras. Por ejemplo, esta semana todos los secretarios de seguridad del área metropolitana de Nuevo León acudieron a un festejo en el consulado estadounidense de Monterrey, ubicado en Santa Catarina. Allí tuvieron una conversación amena con la cónsul Melissa Bishop, que tiene línea directa con Johnson. Algunos de los asistentes llamaron a la CDMX para saber si, en estos momentos de exaltación soberanista, debían acudir al encuentro y la respuesta fue positiva.

Por su parte, el embajador correspondió con las señales amistosas y este fin de semana se ausentó de una cena en Polanco en la cual se esperaba alguna crítica al Gobierno frente a un auditorio de corte opositor, donde se congregaron figuras del PRI y el PAN.

El oficialismo intenta, de este modo, atravesar el Mundial en calma para luego afrontar la prueba de ácido: los tres meses previos a la elección de medio termino en Estados Unidos, donde, se asume, Donald Trump podría tener la tentación de una maniobra unilateral en México para mejorar sus posibilidades de retener el Congreso.

México es un vehículo emocional potente en el electorado estadounidense. Un consultor mexicano que se desempeña en las campañas demócratas de California ha detectado que el efecto devastador del fentanilo en la sociedad estadounidense ha generado una emoción virulenta hacia los cárteles y el narcotráfico ya no solo en los estados de frontera, como solía suceder, sino en toda la geografía.

Para entender: según datos oficiales, el estado de Ohio es uno de los tres más afectados por el tráfico de fentanilo. A su vez, aporta 17 votos en el Colegio Electoral y es, desde siempre, uno de los cinco estados que define la presidencia. Los otros dos estados más afectados son Virginia Occidental y el distrito de Columbia, donde se ubica Washington DC. Geografías lejanas a la frontera con México.

Ante la posibilidad de que el país se inserte en los planes electorales de la Casa Blanca, reaparece Andrés Manuel López Obrador. Nada nuevo: antes de retirarse a Palenque dijo que solo volvería a escena frente a algún tipo amenaza externa.

El enigma que domina los principales conciliábulos en el oficialismo es cómo puede convivir ese regreso con la absoluta centralidad que sostiene el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante el imperativo de articular la defensa de la soberanía que reclama el expresidente con el cumplimiento del estado de derecho que representa su secretario más determinante, un imperio de la ley que, por cierto, siempre tiene por estación terminal los tribunales de Estados Unidos.

Esta es la dicotomía que domina los días del oficialismo. Por eso se reforma la Constitución para penalizar la injerencia extranjera, pero, a último momento, faltan los votos en San Lázaro para las leyes secundarias, sin las cuáles ninguna reforma transita. O el caso del gobernador Rubén Rocha, quien, ante la acusación de EU dice que "está todo normal" y a las pocas horas pide licencia y se separa del cargo.

La fijación de Trump con la seguridad de México es el detonante de estas disparidades domésticas en un movimiento de corte hegemónico. Y no hay un horizonte de que ese foco de interés se vaya a atenuar.

Esta semana el presidente recibió tres estiletazos desde el Capitolio: la Cámara de Representantes limitó sus poderes en la guerra de Irán (con cuatro votos republicanos), le vetaron un plan de resarcimiento para los activistas que incendiaron Washington el 6 de enero del 2021 y los senadores de su partido impidieron una partida de1000 millones de dólares para reformar la Casa Blanca.

Trump dice en público que no le importa la elección de medio termino, pero la realidad se la impone a diario, por eso sus planes de redistritación electoral y su pasión por intervenir en las primarias de su partido. Y por eso mismo, su retorno permanente a México.