La crisis que sacude al oficialismo iniciada a comienzos de noviembre con la ejecución del alcalde Uruapan - y que este fin de semana tuvo su escala en los desmanes del zócalo capitalino -, comenzó a permear, de modo incipiente pero constante, en el empresariado nacional.

De momento ningún participante de ese mundo mínimo habla de una confrontación con el Gobierno, pero sí de marcar ciertas diferencias como ha venido sucediendo a lo largo del mes con diversos ejecutivos que hablan del potencial de México pero también de sus problemas.

Así es como puede verse que Pablo Sprenger, vicepresidente de la aseguradora Principal le dijo a Milenio que el país necesita seguridad jurídica o Mónica Aspe, titular de AT&T advierte un menor ritmo de inversión por los costos del espectro radioeléctrico o el comunicado de la cadena de supermercados Chedraui que dice que ahora invertirá en tiendas de cercanía por la caída en los niveles del consumo producto del estancamiento económico.

La suma de las partes derivó, la semana pasada, en la llegada de José Medina Morena a la titularidad del CCE. No era el candidato que pretendían en Palacio Nacional ni el de Francisco Cervantes (personero de Carlos Slim en estos avatares) pero fue el emisario elegido por el capitalismo nacional para articular un mensaje que comenzó a esgrimir de inmediato: sin certeza jurídica será complejo captar nuevas inversiones.

En este escenario de un empresariado más concentrado en señalar dificultades que en festejar las bondades del Plan México es que la confrontación de Claudia Sheinabum con Ricardo Salinas Pliego se ha vuelto un conflicto de futuro incierto.

La pelea contra el dueño de TV Azteca pone sobre la mesa tres cuestiones que los principales ejecutivos siguen de cerca. La primera es el comportamiento del Poder Judicial. La celeridad con la que actuó la Corte Suprema, el blindaje absoluto frente a cualquier disidencia interna en el máximo tribunal y hasta la fecha en la que se conoció la decisión contra el magnate (el día del cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador) cristalizan la convicción dominante en los corporativos desde el mes de enero: que, tras la reforma judicial, será imposible litigar contra actos del Estado.

La segunda arista es la centralidad absoluta del SAT y la presión fiscal sobre el empresariado. Marcelo Ebrard lleva dos meses escuchando quejas contra el organismo recaudador, fundamentalmente sobre sus formas y sus tiempos, al punto que algunos banqueros llegaron al punto de decirle al secretario de Economía que prefieren pagar más impuestos a cambio de previsibilidad y un menor atosigamiento. El caso de Salinas Pliego es tóxico para un Gobierno que quiere atraer inversiones porque la potencia discursiva del dueño de Elektra, una estrella de las redes sociales, deviene en el mensaje de que en México se persigue políticamente a partir del cobro de impuestos.

El tercer elemento es el más espinoso porque tiene que ver con la capacidad política del Gobierno y su autonomía más allá de Palenque. Acatar el fallo de la Corte contra Grupo Salinas demanda una serie de mecanismos que ponen a prueba los alcances de un Estado donde todavía reportan varios funcionarios allegados a López Obrador y, desde ya, al propio Salinas Pliego. Y es que hubo una época donde el expresidente hablaba muy bien de su actual adversario.

En el oficialismo existe una pulsión que querría convertir a Salinas Pliego en el gran articulador de la oposición con la idea de, eventualmente, fulminarlo en la arena electoral. Lo mismo que se decía en 2017 a partir de la intención subterránea de Enrique Peña Nieto de hacerlo candidato a Slim. Una lógica que viene a proponer que México tiene, actualmente, una fibra sociológica que hace imposible que un perfil proveniente de los negocios domine la política, como sucede en otros países de la región.

Pero también existe un sector del oficialismo que cree que la confrontación con el magnate abre un sendero en el cual hay más para perder que para cosechar, especialmente si se registraran turbulencias en las empresas de Salinas Pliego que ocupan lugares centrales en la banca, los fondos de retiro o el consumo.

El trasfondo de este duelo es la relación bilateral con Estados Unidos. El mensaje de Salinas Pliego contra el Gobierno alimenta la narrativa de diversos sectores empresariales en Washington que alegan que México no es un país seguro para sus inversiones y que, para firmar el nuevo Tratado, será imperioso establecer que todas las controversias del capital estadounidense en México se resuelvan fuera de su Poder Judicial, de preferencia en el tribunal de arbitrajes del CIADI en Washington.

En Palacio Nacional han hecho este cálculo y por eso la semana pasada se comenzó a delinear una estrategia discursiva que pretende ubicar a Salinas Pliego no como un perseguido político sino como un criminal. Por eso el comentario presidencial de la semana pasada sobre los casinos de Salinos Pliego y por eso también las embestidas que se agilizarán desde esta semana.

En definitiva, una pelea en los límites del poder real y que puede tener alcances no deseados en Estados Unidos donde existe la tentación, en el ámbito político, de usar el caso Salinas Pliego para descargar todas las baterías contra el Estado de Derecho en México al punto de tener que elegir entre los tribunales nacionales o el futuro del Tratado.

¿Y qué hará la presidenta? Una ministra de la Corte deslizaba la semana pasada en su vocalía que la defensa de las leyes mexicanas frente al injerencismo judicial de Trump debería empezar por el Gobierno, el mismo que este año entregó decenas de detenidos por supuesto narcotráfico a Estados Unidos con la única condición de que no se les aplicara la pena de muerte.